Jeisson Pinzón: la muerte que reabre el debate por fallas en el sistema de salud

Organismos y fundaciones señalan retrasos en la entrega de medicamentos y advierten sobre riesgos para pacientes con enfermedades graves.
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La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, volvió a encender las alertas sobre las fallas en el acceso a tratamientos dentro del sistema de salud en Colombia.

El caso generó un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, que calificó la situación como “desgarradora” y advirtió que una atención oportuna “habría podido ser la diferencia entre la vida y la muerte”.

Según el organismo, el joven reclamó durante meses un medicamento clave para su tratamiento sin recibir respuesta por parte de la Nueva EPS, lo que evidenciaría problemas estructurales en la entrega de medicamentos y en la continuidad de los tratamientos.

Denuncias por demoras y fallas en la atención

De acuerdo con la Defensoría, las interrupciones en los tratamientos y la falta de oportunidad en la atención continúan vulnerando los derechos de pacientes con enfermedades graves, especialmente aquellos con cáncer.

El organismo también señaló que la Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos en varias regiones del país, pese a los llamados de entidades de control.

En esa misma línea, la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma expresó su dolor por la muerte del joven y aseguró que se trata de “una víctima más de la crisis del sistema de salud”, al señalar que el tratamiento requerido no fue entregado a tiempo.

El caso había sido denunciado por el propio Jeisson en febrero, cuando aseguró que desde octubre de 2025 esperaba la entrega del medicamento Blinatumomab, pese a contar con un fallo de tutela a su favor y a múltiples llamados a las autoridades.

“Mi vida corre peligro. Exijo se me respete el derecho a la salud y a la vida”, había manifestado el joven en su momento.

La Defensoría reiteró el llamado tanto a la Nueva EPS como al Gobierno nacional para garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud y a los medicamentos esenciales, advirtiendo que los principios constitucionales no admiten excusas administrativas cuando la vida está en riesgo.

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