Un nuevo documento oficial enviado por la Embajada de Portugal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pone en evidencia tensiones diplomáticas entre ambos países y refuerza las dudas sobre la gestión del Gobierno colombiano en la actual crisis de pasaportes.
La misiva, revelada por La W Radio, aclara que las dificultades en la implementación del acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 no son atribuibles a la parte portuguesa, sino a decisiones y trabas surgidas dentro del propio Ejecutivo colombiano. En concreto, el texto señala que, aunque Portugal aprobó formalmente el acuerdo el 26 de febrero y envió una delegación de alto nivel a Bogotá a comienzos de marzo para iniciar la cooperación técnica, el proceso se estancó por reparos jurídicos y presupuestales presentados por el nuevo equipo de la Cancillería, liderado en ese momento por Laura Sarabia.
Según el documento, del 6 al 7 de marzo se realizaron reuniones bilaterales en las que se discutieron obstáculos legales, como la necesidad de transformar el acuerdo en un convenio interadministrativo internacional, y se planteó la incertidumbre sobre los recursos para asegurar su continuidad durante los próximos diez años. A pesar de que se conformaron dos mesas de trabajo —una técnica y otra jurídica—, las conversaciones quedaron congeladas a finales de mayo.
“Solo hemos sido convocados para aclarar dudas. A la fecha, no tenemos conocimiento, ni hemos sido involucrados en discusiones de naturaleza más estratégica”, advierte con firmeza el Gobierno portugués en la carta, solicitando claridad sobre el futuro del proyecto y sobre aspectos claves como el diseño de los pasaportes y la marca de agua acordada previamente.
El pronunciamiento europeo se suma a un creciente clima de presión sobre la Cancillería colombiana, que ya enfrenta una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General contra Laura Sarabia, Luis Gilberto Murillo y el jefe del despacho presidencial Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en la contratación del nuevo proveedor de pasaportes. El caso ha provocado la salida de tres ministros de Relaciones Exteriores en menos de un año.
Mientras miles de ciudadanos continúan a la espera de poder tramitar sus documentos de viaje, la falta de definición del Gobierno nacional sigue afectando tanto la relación diplomática con socios estratégicos como la confianza en la capacidad institucional del Estado para resolver una crisis que, a cada paso, se torna más política que administrativa.
