El manejo de los recursos públicos en Bogotá vuelve a estar bajo la lupa. La Contraloría de Bogotá dejó en firme, en segunda instancia, un fallo de responsabilidad fiscal superior a $30.127 millones por irregularidades detectadas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tras varios años de investigación.
De acuerdo con el Boletín No. 009, el ente de control estableció que entre 2012 y 2019 se administraron dineros provenientes de contratos y convenios interadministrativos a través de una cuenta que operaba como “caja menor”, sin registro en los estados financieros ni controles efectivos.
Esta práctica generó serias dificultades para hacer seguimiento a la destinación de los recursos, lo que derivó en un detrimento patrimonial superior a $30 mil millones y en fallas estructurales en los sistemas de control interno, contable y financiero.
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Falta de trazabilidad y soportes en los recursos
Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría de Bogotá es la ausencia de trazabilidad en el uso de los recursos. El fallo indica que durante años los fondos fueron manejados sin soportes suficientes que permitieran verificar su destino final.
Esta situación evidenció debilidades en la administración de recursos destinados a la educación, al punto de impedir un control adecuado sobre su ejecución y uso.
Como resultado del proceso, se determinó la responsabilidad fiscal de varios servidores y exservidores públicos, quienes deberán responder por los hechos a título de dolo y culpa grave, dependiendo de su participación en las irregularidades identificadas.
La decisión, ya confirmada en segunda instancia, permite avanzar en las acciones necesarias para lograr el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado.
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Acciones para recuperar los recursos
El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, aseguró que durante años se manejaron recursos públicos sin control ni registro, calificando la situación como especialmente grave para el sector educativo.
El funcionario indicó que con el fallo en firme se da paso a las medidas para recuperar los recursos comprometidos, al tiempo que reiteró el compromiso de la entidad con la vigilancia y protección del patrimonio público en la ciudad.
La Contraloría de Bogotá insistió en que continuará fortaleciendo sus acciones de control fiscal para evitar que este tipo de irregularidades se repitan y garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la educación.
