Hay heridas que no se cierran con el paso del tiempo. Bojayá es una de ellas.
Han pasado 24 años desde aquel 2 de mayo de 2002, cuando la guerra alcanzó el corazón del Medio Atrato y convirtió una iglesia en escenario de una de las tragedias más dolorosas del conflicto armado colombiano. Allí, mientras la población intentaba refugiarse de los enfrentamientos entre las extintas Farc y las AUC, un cilindro bomba acabó con la vida de más de un centenar de personas, entre ellas 48 niñas y niños.
Este 11 de julio, en Bellavista, cerca de 1.000 habitantes de Bojayá, en Chocó, y Vigía del Fuerte, en Antioquia, volvieron a reunirse alrededor de esa memoria. No para revivir el horror, sino para exigir que el país no lo olvide.
El acto de reconocimiento de responsabilidad y excusas públicas del Estado fue presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en cumplimiento de la Sentencia 45 de 2019 del Tribunal Administrativo del Chocó, que ratificó la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación por los hechos ocurridos en el Medio Atrato.
El Estado no perpetró la masacre. Pero la justicia determinó que falló en su deber de proteger a la población civil y de prevenir una tragedia anunciada en medio de la confrontación armada.
Por eso este acto no fue solo una ceremonia institucional. Fue también un recordatorio de que detrás de cada alerta temprana hay rostros, familias, comunidades enteras y vidas que dependen de una respuesta oportuna.
La memoria como garantía de no repetición
Durante su intervención, el ministro Sánchez pidió que lo ocurrido en Bojayá permanezca en la memoria institucional de la Fuerza Pública y haga parte de la formación de soldados, marinos y policías.
No como una lección lejana, sino como una advertencia permanente sobre lo que ocurre cuando el Estado no llega a tiempo.
“Desde el Ministerio de Defensa reiteramos nuestro compromiso con las garantías de no repetición. Seguiremos fortaleciendo la respuesta institucional frente a las alertas tempranas”, afirmó el ministro ante las comunidades.
El mensaje estuvo dirigido también a los comandantes del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Policía Nacional, presentes en el acto. La tragedia de Bojayá, insistió el jefe de la cartera, debe ser recordada en las escuelas de formación para que nunca se repita una falla de protección de esa magnitud.
Nombrar lo ocurrido
En Bojayá, la reparación también pasa por nombrar los hechos con claridad.
El ministro calificó la masacre como un acto atroz, injustificable y contrario al Derecho Internacional Humanitario, cometido por las extintas Farc y las AUC. Pero también reconoció que las instituciones tienen la obligación de mirar de frente sus propias fallas.
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No puede haber reparación sin verdad. Y tampoco garantías de no repetición si el Estado no reconoce dónde falló, cómo falló y qué debe cambiar para proteger a las comunidades que siguen viviendo en territorios marcados por la violencia.
El acto también contó con la presencia de representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de las Culturas, Unidad para las Víctimas, Defensoría del Pueblo, ONU, Gobernación del Chocó, autoridades territoriales y organismos internacionales.
Una deuda con las víctimas
Para las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, este reconocimiento llega después de más de dos décadas de dolor, desplazamiento, duelo y resistencia.
El acto no borra lo ocurrido. Tampoco devuelve las vidas perdidas. Pero deja una responsabilidad clara para el Estado colombiano: escuchar las alertas, proteger a la población civil y actuar antes de que la tragedia vuelva a repetirse.
“Hoy comparecemos aquí en un acto de respeto, de justicia y de verdad hacia las víctimas, sus familias y todas las comunidades que padecieron el terror y la violencia perpetrada por los grupos armados ilegales en este territorio”, dijo Sánchez.
Bojayá sigue siendo una herida abierta en la memoria del país. Y precisamente por eso, su nombre no puede quedar reducido a una fecha, una sentencia o una ceremonia.
Debe permanecer como una lección nacional sobre el costo de la guerra, el deber de proteger la vida y la obligación de que el Estado nunca vuelva a llegar tarde.
