El coronel activo Carlos Didier Pérez Amorocho fue capturado en Bogotá, en medio de una investigación que busca establecer sus presuntos vínculos con organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia. La captura se habría realizado en el Cantón Norte, en cumplimiento de una orden judicial de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, organismos de inteligencia y contrainteligencia estarían investigando si el oficial presuntamente habría mantenido contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, con presencia en Arauca, y con estructuras relacionadas con la Segunda Marquetalia en Nariño.
La investigación también buscaría determinar si el coronel presuntamente recibió dinero de organizaciones armadas ilegales a cambio de información, actuaciones militares u otras acciones que eventualmente hubieran favorecido los intereses de esas estructuras. Estos señalamientos hacen parte de una investigación en curso y deberán ser establecidos por las autoridades judiciales.
Los periodos que estarían bajo investigación
Según la información divulgada sobre el caso, los hechos que se investigan corresponderían a dos periodos diferentes: 2019-2020 y 2024-2025.
En el primer periodo, las autoridades estarían verificando los presuntos contactos que el oficial habría tenido con estructuras del ELN en Arauca. Para el segundo, la investigación estaría relacionada con su actividad militar en zonas como Nariño.
La información disponible también señala que Pérez Amorocho habría sido trasladado de Tumaco a Bogotá mientras avanzaban las labores de contrainteligencia relacionadas con el caso.
¿Qué delitos se le atribuyen presuntamente?
El coronel estaría siendo requerido judicialmente por los presuntos delitos de:
- Concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo.
- Cohecho propio.
- Fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.
La existencia de estos cargos dentro de una investigación no significa que el oficial haya sido declarado responsable. La Fiscalía deberá sustentar sus señalamientos ante la justicia y será el proceso judicial el que determine si existe o no responsabilidad penal.
El proceso deberá avanzar con las audiencias correspondientes, mientras la Fiscalía busca establecer si los presuntos vínculos, contactos y actuaciones que se investigan ocurrieron y si existe responsabilidad penal.
