CNE rechaza ataques tras sanción a campaña de Petro

El Consejo Nacional Electoral rechazó cualquier tipo de señalamiento en contra de magistrados tras la decisión de sancionar la campaña de Petro de 2022.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) expresó este sábado un rechazo “categórico” a los ataques personales y señalamientos dirigidos contra magistrados y conjueces, luego del fallo que sancionó a la campaña Petro Presidente (2022) por violación de topes electorales. En un comunicado, el organismo advirtió que sus decisiones se adoptan bajo estrictos criterios legales y constitucionales, y sin presiones de ningún tipo.

“Todas las actuaciones se desarrollan conforme a la Constitución, la ley y sus reglamentos internos, con decisiones adoptadas de forma colegiada, motivada y transparente, sin ceder a presiones políticas, mediáticas o particulares”, señaló la misiva, en medio de un ambiente de creciente tensión entre el Ejecutivo y el órgano electoral.

Respuesta a las críticas del presidente Petro

El pronunciamiento del CNE se produjo tras una nueva ofensiva verbal del presidente Gustavo Petro contra la decisión que sancionó a su campaña de 2022. El jefe de Estado cuestionó particularmente al conjuez que participó en el fallo, señalando un supuesto conflicto de interés.

“Solo les diré que el conjuez es el abogado actual pago del señor Federico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana. Nos están juzgando nuestros rivales políticos, nosotros no admitimos eso”, afirmó Petro, quien además advirtió que cualquier juicio contra un movimiento político debe recaer en un juez “independiente y neutral”, no en integrantes de la oposición. “Quieren hacer un golpe de Estado”, agregó.

Estas declaraciones elevaron la tensión política y avivaron el debate sobre la independencia de las instituciones electorales.

CNE llama a respetar la función pública 

Ante el escenario, el Consejo Nacional Electoral recordó que los magistrados y conjueces ejercen una función pública “constitucionalmente protegida”, que debe ser resguardada de ataques que busquen “deslegitimar o desacreditar” su labor. El organismo insistió en que todos los interesados cuentan con los recursos legales necesarios para controvertir las decisiones adoptadas.

“Quienes participan en la deliberación y votación de las decisiones adoptadas por la suprema autoridad en materia electoral lo hacen en ejercicio de una función pública constitucionalmente protegida, por lo que se hace indispensable salvaguardar este cuerpo colegiado de todo ataque”, reiteró el comunicado.

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