Según lo registra el diario El Tiempo del día 11 de octubre de 2019, el Fiscal General encargado, doctor Fabio Espitia, declaró que (i) recibió información en el sentido de que grupos como JM19 se infiltran en las marchas para generar disturbios y que ya tienen presencia en 12 municipios del país; (ii) estas redes de infiltrados tienen relación con el Eln y las milicias bolivarianas; (iii) la Policía no infiltra las protestas y que ese tipo de actividades pondrían en riesgo la vida de los uniformados; (iv) es difícil judicializar a las personas vinculadas a los hechos violentos, por la forma en que actúan los encapuchados y que los judicializados no van presos y la pena para ellos es muy baja.
Que las marchas estudiantiles están infiltradas lo confirma el propio Ministro de Defensa, (El Tiempo, 26 de septiembre de 2019) y, de otra parte, noticieros nacionales (CM&, por ejemplo) dan cuenta de que los grupos infiltrados son Anarkos, Movimiento Juvenil M19, Colectivo Jaime Garzón, Juventud Rebelde, A-K Al Combate, infiltración que se hace para causar caos y desorden. También se informa que se contrata a venezolanos para participar en las marchas, con los mismos propósitos.
Esta situación afecta sensiblemente a la comunidad y al comercio y el futuro no se muestra prometedor pues se han anunciado nuevas marchas de distinto orden, amparadas en lo que se ha denominado derecho a la protesta social, las cuales, por el vandalismo, desórdenes y actos violentos que se realizan con ocasión de la misma, amenazan con convertirse en un futuro en factor desestabilizador del Gobierno, de las autoridades locales y de la misma democracia.
El Gobierno fue generoso, extremadamente generoso, con el movimiento estudiantil aun a sabiendas de que ese dinero adicional que se destinó a la educación podía en la práctica no tener buen uso, de que la enseñanza en manos de Fecode deja mucho que desear y que el problema de la baja calidad en la educación pública es serio. Por ello la respuesta del movimiento estudiantil no puede ser la de nuevas marchas, a cuyo amparo se ejerce la violencia por los infiltrados.
Por otro lado, diversos medios dan cuenta de la intromisión venezolana en estas marchas, lo cual no sería nada extraño. Recuérdese que Diosdado Cabello acaba de anunciar públicamente que lo que está ocurriendo en Ecuador en estos momentos “va para Colombia”, vaticinio que esperamos no se cumpla, pero para el cual hay que estar debidamente preparado y hacerle frente con decisión y firmeza, preparación que no estamos seguros se esté realizando.
El derecho a la protesta se está volviendo ocasión para el vandalismo y la violencia y ese derecho no puede estar por encima de los derechos de las demás personas y menos aun cuando aquel está siendo ejercido por una aplastante minoría. De lo contrario, ¿en dónde quedarían los derechos de las mayorías? ¿Acaso una minoría puede imponerse ante unas mayorías pacíficas? ¿el hecho de que las mayorías no hagan frente a los desmanes, autoriza que sean desprotegidas por el Estado, cuando tienen derecho a tal protección?
Es muy desalentador ver el espectáculo de los violentos atacando a los policías y estos simplemente defendiéndose, cuando la fuerza pública no está para eso. Tiene el deber de defenderse y de repeler la agresión con fuerza y decisión.El ejercicio legítimo de la fuerza para repeler la violencia parece estar en desuso o ser mal visto puesto que las autoridades optan por no hacer uso del mismo por temor (i) a la reacción de los medios de comunicación, los cuales frecuentemente califican de violento el accionar de aquellos; (ii) a la reacción de la Procuraduría General de la Nación, que de inmediato anuncia la correspondiente investigación disciplinaria; (iii) a la de la propia Fiscalía, la cual ha venido cercenando el derecho de defensa por sus reacciones cuando quiera que los ciudadanos se defienden o los escoltas o terceras personas lo hacen y (iv) a ciertas ONG cuyas palabras infunden frecuentemente temor reverencial en las autoridades, que lleva a estar a responder a todo lo que aquellas dicen o a acatar sus recomendaciones, sin previo análisis o inventario. Olvidan los medios de comunicación, la Procuraduría, la Policía y la misma Fiscalía, que el uso de la fuerza en ciertas circunstancias es legítimo y que se debe acudir a ella cuando no hay otra forma de enfrentar los desmanes. Olvidan que las autoridades merecen y necesitan apoyo y no cuestionamientos injustificados. Causa desazón que la Fiscalía haga declaraciones que lo que dejan entrever es la impotencia de las autoridades para enfrentar las marchas. Si las propias autoridades renuncian a hacer inteligencia para controlar y frenar el vandalismo y para castigarlo, claramente no están haciendo su papel y, peor aún, no quieren hacerlo, no obstante que el rol de la Fiscalía de administrar justicia que le asigna la Constitución Política consiste en adelantar el ejercicio de las acciones penales y realizar la investigación de los hechos delictuosos, bien de oficio o a petición de parte, y que el rol del cuerpo de Policía es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. De allí que la inteligencia debe fortalecerse en sus distintos niveles y entidades pues no se trata solo de reaccionar sino, más importante, de prevenir y adelantarse a los hechos. Los jueces también deben entender que todo Estado hace inteligencia y que sin ella se está expuesto a su desaparición. Recuérdese que las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y este mandato constitucional no se cumple en su integridad. Empieza uno a preguntarse para qué sirven la Fiscalía y la Procuraduría. Aquella, por ejemplo, tiene un presupuesto anual para el año 2019 de $3.580.579.358.168 (fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/presupuesto-general-asignado/), cifra que es enorme, pero sus resultados son, francamente, mediocres, no solo en casos como el comentado sino en otras áreas de su competencia, y el uso de ese dinero no se ha traducido en un freno a la corrupción. La impunidad y la corrupción crecientes parecen indicar que la Fiscalía General de la Nación no cumple cabalmente su rol, ni en los casos relevantes ni en los que cotidianamente enfrenta la ciudadanía, es decir, que la desbordó la criminalidad. La impunidad en Colombia ha adquirido características dramáticas en todos los órdenes, trátese de delitos comunes, o de delitos graves y de lesa humanidad, vandalismo, terrorismo o de los escandalosos actos de corrupción que se han registrado en los últimos años. Según Transparencia Internacional, la corrupción tiene al Estado contra la pared y Colombia pasó del puesto 96 al 99, entre 180 países, en el Índice de Percepción de Corrupción. Señalaba en días pasados Juan Gossaín (El Tiempo, 3 de octubre de 2019) que en Colombia la impunidad es del 94%, es decir, que de cada 100 delitos 94 quedan impunes e igualmente anotaba que dentro de los 6 que se sancionan están aquellos en que se dejan vencer los términos o en que los imputados o condenados reciben la casa por cárcel. El exFiscal Néstor Humberto Martínez señalaba que la impunidad rondaba el 90%. Estas cifras lo que demuestran es que en Colombia el delito se luce en todo su esplendor, porque existe una probabilidad bastante alta de que el crimen no sea castigado. El problema es de tal magnitud que obliga a preguntarse si Colombia está llamada a ser paraíso de la impunidad y si existe o no voluntad política para hacerle frente. Unos dicen que la causa del problema estriba en una política legislativa carente de penas y tipos penales adecuados y en la que existen procedimientos tortuosos diseñados para evitar condenas y propiciar la prescripción de la acción penal; otros, que el problema está en los jueces, que no hacen valoraciones adecuadas de los hechos delictivos y de los procedimientos de captura y sueltan a los delincuentes; otros, achacan la causa del problema a la ciudadanía por no denunciar; otros, a la ineficacia de la Policía Nacional y muchos otros a la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación y a la corrupción imperante. Muy seguramente todos estos factores confluyen, es decir, no es posible atribuir la causa del problema a una sola cosa, pero algo sí está fuera de toda duda: las investigaciones de la Fiscalía, anunciadas con bombos y platillos en los casos relevantes, pocos resultados producen y en los casos que diariamente afectan a la ciudadanía tampoco.
