1. Educación. Los padres de familia necesitan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, sea pública o privada, pagada por el Estado. Por eso propongo los bonos educativos. Lo que debe ser público es el acceso a la educación y no el edificio. Tenemos que evaluar a los profesores y renovar el pensamiento por uno pertinente y ligado al sistema productivo.
2. Formalidad. El 75% de las microempresas en Colombia son informales. El costo de formalizarse representa 25 tramites que cuestan entre un 32% y un 47% de las utilidades brutas. Propongo una escalera de la formalidad, donde los empresarios puedan cumplir requisitos de manera gradual y con el apoyo del Estado.
3. Créditos agropecuarios. Solo el 4% de los productores agropecuarios tiene cobertura crediticia. Nos tomaría 92 años alcanzar todos los productores. Propongo una restructuración del microcrédito en Colombia donde el Banco Agrario destine la mayoría de sus recursos a los pequeños productores. Créditos directos a las cooperativas y empresas de reconocida solvencia para irrigar en afiliados y proveedores.
4. Competencia. Entre 2018 y 2019 se quebraron más de 22 mil tiendas de barrio. Algunas grandes empresas están abusando de su posición dominante. Requerimos investigación y sanciones por parte de la SIC. Todos los colombianos tienen derecho a participar en la economía.
5. Justicia. El 94% de los delitos quedan impunes. Tenemos que impulsar una reforma estructural a la justicia que funcione como la tutela: simple, rápida y eficaz. Una sola corte para tener jurisprudencia obligatoria y todos los casos iguales se fallen iguales. Un tribunal de aforados para que no exista cruce de favores entre los poderosos y juzgamiento real. Órganos de control que no elijan los políticos a quienes deben vigilar.
6. Medio ambiente. El 52% del país está cubierto por bosques, con 22 millones de hectáreas de humedales, 3 millones de hectáreas de páramos, 300 mil de manglares. Urge una protección y preservación de la riqueza ambiental del país. Propongo un régimen especial para la región amazónica que nos permita hacerle transferencias del resto del país para protegerla.
7. Mujeres cabezas de hogar. El 40,7% de los hogares del país tiene cabeza de hogar a una mujer y el 53% gana menos de un salario mínimo. El ICBF debe acompañar a las madres cabeza de hogar en el cuidado de sus menores, debe tener un mecanismo de alerta tempranas, y debe priorizar en programas estatales a las mujeres, así como ofrecerles formación y electrodomésticos que les liberen tiempo.
8. Congreso. El congreso nos cuesta más de medio billón de pesos. Se necesita reducir el número de congresistas a la mitad para economizar recursos y hacerle más y mejor seguimiento a los congresistas. Una Cámara con representación igual para cada departamento y un Senado de elección nacional.
9. Seguridad. Durante el paro del 2021 hubo 3.603 bloqueos, 179 actos terroristas y más de 1.700 uniformados heridos. Propongo que el Presidente -sin autorización de los alcaldes- tenga la facultad de militarizar ciudades cuando el orden público y la seguridad presenten graves afectaciones.
10. Abolición del Delito Político. Colombia ha justificado la violencia con la idea del delito político. Nadie puede cometer actos de violencia contra otros colombianos bajo ninguna justificación. Propongo eliminar el tratamiento especial para ciertas violencias, dejemos de justificarlas y cerremos la puerta a que la violencia conduzca a la representación política.
