En una serie de decisiones que han causado profunda preocupación entre defensores de derechos humanos, el gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a implementar nuevas políticas que aceleran la deportación de niños y adolescentes migrantes que llegaron solos a Estados Unidos.
Una de las acciones más polémicas ha sido la cancelación de los convenios con organizaciones que brindaban asesoría jurídica gratuita a menores migrantes bajo custodia del gobierno federal. La medida afecta a decenas de miles de niños que ahora deben enfrentar procesos legales complejos sin representación ni guía legal.
“La administración está dejando a niños indefensos frente a un sistema judicial diseñado para adultos”, denunció un portavoz de la organización ACLU, que ya presentó demandas judiciales contra el gobierno por esta decisión.
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Deportaciones exprés y redadas en refugios
Además de eliminar el acceso a abogados, el gobierno ha autorizado operativos de detención en albergues y hogares de acogida, donde se alojan menores migrantes mientras esperan sus audiencias migratorias. Estos procedimientos, que habían sido restringidos por razones humanitarias, ahora forman parte de una ofensiva más amplia para agilizar deportaciones.
En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a aplicar un nuevo protocolo que permite a los fiscales del gobierno solicitar el cierre inmediato de casos de asilo, sin necesidad de un juicio formal. Cuando esto ocurre, los afectados reciben una orden de salida del país con apenas diez días para cumplirla, sin opción de apelación ante un juez migratorio.
Estas decisiones se inscriben dentro del discurso de línea dura que Trump ha retomado desde que regresó a la Casa Blanca. En sus más recientes declaraciones, el mandatario prometió ejecutar una “deportación histórica”, enfocada tanto en adultos como en menores que se encuentren sin estatus migratorio regular.
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Para analistas y activistas, se trata de una estrategia pensada para reforzar su base política, más que de una solución estructural al fenómeno migratorio. “Lo que estamos viendo es el uso de la niñez migrante como chivo expiatorio para justificar medidas extremas”, comentó la analista Celeste Morán, experta en migración y derechos internacionales.
Mientras tanto, organizaciones humanitarias han advertido sobre las consecuencias psicológicas y sociales que esta política puede tener sobre miles de menores, muchos de los cuales huyeron de contextos de violencia, pobreza extrema o persecución en sus países de origen.
¿Cuál es el panorama actual?
En lo corrido del año, más de 60.000 menores no acompañados han cruzado la frontera sur, provenientes en su mayoría de Centroamérica. Con la nueva política, una gran parte de ellos podría ser devuelta rápidamente a sus países sin haber tenido la oportunidad de presentar sus casos ante una corte o recibir acompañamiento legal.
