El día de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que las compañías energéticas estadounidenses entrarían en Venezuela para participar en la explotación de su industria petrolera. Casi nueve meses después, ambos países anunciaron un acuerdo histórico mediante el cual Washington tendría acceso a más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.
Aún faltan por conocerse varios detalles del trato, que Trump ha denominado “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Sin embargo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que el convenio contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, además de inversiones superiores a los 100.000 millones de dólares.
El acuerdo, anunciado después de meses de negociaciones alrededor de uno de los sectores más estratégicos de la economía venezolana, consolida la relación entre ambas administraciones. Sobre este vínculo, Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.
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Un acuerdo que podría cambiar el mapa petrolero
Empresas estadounidenses participarían en la explotación de reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo. Según Trump, esta cantidad permitiría más que duplicar las reservas probadas de Estados Unidos, que al cierre de 2023 alcanzaban los 46.400 millones de barriles de crudo y condensado, de acuerdo con la Administración de Información Energética de ese país (EIA).
Venezuela, cuya industria petrolera continúa siendo el corazón de su economía, cuenta con reservas estimadas en 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Esto significa que los cerca de 65.000 millones de barriles contemplados en el acuerdo representan más del 21 % de las reservas totales del país suramericano.
De acuerdo con Rodríguez, las operaciones podrían generar más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano. Trump, por su parte, aseguró que el acuerdo no tendrá costo para los contribuyentes estadounidenses y sostuvo que podría contribuir a reducir los precios de la gasolina, en medio del aumento registrado por la guerra de Irán.
Medios estadounidenses han señalado que Chevron, compañía que ya tiene operaciones en Venezuela, sería una de las petroleras involucradas en el acuerdo.
La intención de Washington de aumentar su participación en la industria venezolana no es nueva. El 3 de enero, durante la rueda de prensa posterior a la captura de Maduro, Trump anticipó que las grandes petroleras estadounidenses entrarían al país, invertirían miles de millones de dólares y trabajarían en la recuperación de una infraestructura que calificó como gravemente deteriorada.
Un día después, el mandatario fue aún más explícito al señalar ante periodistas que Estados Unidos necesitaba acceso al petróleo y a otros recursos venezolanos que permitieran, según dijo, contribuir a la reconstrucción del país.
El 6 de enero, Venezuela anunció la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo no sancionado. Posteriormente, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que su país comercializaría inicialmente el petróleo almacenado y que, más adelante, buscaría vender de forma indefinida la producción que saliera de Venezuela al mercado internacional.
Sanciones más flexibles y apertura al capital extranjero
Desde el comienzo, Trump presentó a Delcy Rodríguez como una interlocutora confiable y su administración empezó a flexibilizar algunas de las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones específicas, aunque mantuvo buena parte de las restricciones sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.
A finales de enero, Washington autorizó a determinadas entidades estadounidenses a comprar, exportar, transportar, almacenar y vender, bajo ciertas condiciones, petróleo y productos venezolanos. En marzo, habilitó algunas transacciones con PDVSA y, el pasado 27 de agosto, actualizó las autorizaciones para operaciones de petróleo y gas de seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, junto con sus subsidiarias.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Rodríguez avanzó en una reforma sustancial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la que abrió un mayor espacio a la participación de capital privado y extranjero en la actividad petrolera. Algunos analistas han interpretado esta decisión como un distanciamiento del modelo impulsado durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
La reforma, aprobada en enero, el mismo mes en que fue capturado Nicolás Maduro, facilitó la llegada de nuevas inversiones. Según Rodríguez, desde entonces se han suscrito cerca de 50 acuerdos para desarrollar proyectos en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos.
La presidenta encargada también aseguró que Venezuela produce actualmente alrededor de 1,23 millones de barriles diarios, su nivel más alto desde febrero de 2019. La cifra, sin embargo, continúa lejos de los niveles registrados antes de la llegada del chavismo al poder. En 1998, el país producía cerca de 3,1 millones de barriles de crudo por día.
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El desafío de explotar el crudo venezolano
Una parte fundamental de las reservas venezolanas se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona de más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.
Según PDVSA, allí se encuentra cerca del 87 % de las reservas petroleras del país, razón por la que la compañía la considera la mayor acumulación de crudo del mundo y sostiene que tendría capacidad para abastecer durante décadas una parte importante de la demanda energética global.
La zona fue descubierta en 1936 y posteriormente nacionalizada en 2007 durante el Gobierno de Hugo Chávez.
Sin embargo, aprovechar esas reservas plantea importantes retos técnicos y económicos. Gran parte del petróleo venezolano es crudo pesado y extrapesado, cuya extracción, transporte y refinación requieren procesos más complejos y costosos que los utilizados para petróleos más livianos. A esto se suma el deterioro de buena parte de la infraestructura petrolera del país.
El propio Trump reconoció esta dificultad al señalar que el suministro de petróleo venezolano tendría un impacto especialmente “a largo plazo”, mientras las compañías avanzan en las inversiones necesarias para recuperar la capacidad productiva y desarrollar los campos contemplados en el acuerdo.
