Alerta roja en casos de violencia contra niñez

Luego de que se registrara el asesinato de dos menores de ocho y doce años en Bogotá, al parecer en manos de su padre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lamentó el hecho y declar
Luego de que se registrara el asesinato de dos menores de ocho y doce años en Bogotá, al parecer en manos de su padre, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lamentó el hecho y declaró alerta roja ante los constantes casos de violencia en contra de menores en el país. De acuerdo con cifras del ICBF, en los primeros cinco meses del año se reportaron 11.000 casos de violencia contra menores. Es decir, 73 niños, niñas y adolescentes víctimas diariamente. También registraron que la alerta roja se da debido a las cifras constantes de violencia en Colombia que evidencian la gravedad del asunto. [single-related post_id="904851"] Por otro lado, según datos de Medicina Legal, hasta el mes de mayo habían fallecido de manera violenta en el país 289 menores. En la capital hay reporte de 26 niños asesinados. Al revisar estas cifras, la entidad advierte que el número de niños niñas y adolescentes en el 2018 asciende a 4.538, un incremento del 10 % si se compara con el mismo periodo en 2017, cuando se contaban con 4.107. El pasado mes de junio, la organización Save the Children ratificó el panorama de violencia en contra de los menores, después de presentarse un informe que ubica a Colombia como el tercer país del mundo con más niños asesinados. Otros casos de violencia están relacionados con abuso sexual, abandono, negligencia por parte de padres, maltrato psicológico y físico. Finalmente, una de las primeras medidas que se tomaron, por parte del ICBF, es la estrategia "De Cero a Siempre", que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primer infancia con el fin de prestar una Atención Integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y niñas entre cero y cinco años de edad. Otra acción es fortalecer el trabajo junto con las gobernaciones, administraciones municipales y todas las entidades del orden nacional y territorial para prevenir los futuros casos de maltrato y abuso a menores de edad.
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