Habitantes del intervenido Bronx denunciaron que fueron víctimas de diferentes atropellos durante los operativos que se desarrollaron en mayo pasado por miembros de la Policía y el Ejército. Uso excesivo de la fuerza, amenazas, aprehensión de dinero y hasta descargas eléctricas hacen parte de las quejas.
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Ante la Defensoría del Pueblo, 25 personas que aseguraron no tener antecedentes judiciales y se identificaron como comerciantes y propietarios de diferentes inmuebles de esa zona del centro de Bogotá, contaron lo que supuestamente sucedió en medio del desalojo de más de 3.000 habitantes de calle.
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Diez de ellos indicaron que fueron agredidos con amenazas, golpes y hasta descargas eléctricas durante el allanamiento a sus viviendas.
Incluso, algunos de los que se consideraron afectados fueron más allá y una mujer que aseguró ser comerciante de reciclaje y contar con siete empleados que no tenían que ver con el mundo de las drogas, afirmó que le arrebataron $7 millones en dinero y materias primas de forma injustificada.
Además otras siete personas se quejaron por el uso excesivo de la fuerza, lo según dijeron los obligó a abandonar sus documentos y pertenencias, sin hasta el momento poder regresar por estos.
Debido a estos y otros hechos, que de ser verídicos serían graves violaciones a los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo anunció este martes que trasladó las denuncias al Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá y a las Secretarías de Gobierno e Integración Social del Distrito, para comprobar las situaciones y generar eventuales medidas de restitución y sanciones correspondientes.
"Al momento de realizar esta clase de ocupaciones resulta indispensable establecer la caracterización de la población, y evitar generalizaciones y estigmatizaciones que puedan conducir a escenarios de transgresión a los derechos fundamentales", indicó esa entidad.
