Mundial 2026

Piden investigar a Armando Benedetti

Este miércoles la Fiscalía presentó un nuevo avance de la investigación del escándalo de corrupción de los sobornos de Odebrecht en Colombia. Se

Este miércoles la Fiscalía presentó un nuevo avance de la investigación del escándalo de corrupción de los sobornos de Odebrecht en Colombia. Se determinó que 41 personas están involucradas y 26 ya figuran con imputación de cargos y 15 tienen medida de aseguramiento.

La vicefiscal María Pulina Riveros anunció nuevas decisiones que compromete la situación jurídica de varios senadores entre estos: Armando Benedetti, Mussa Besaile, Bernardo Miguel y Antonio Guerra de la Espriella, por presuntamente, haber intervenido en el favorecimiento de los intereses de la multinacional brasileña, específicamente en un contrato de estabilidad jurídica del año 2012.

La Fiscalía envío material probatorio a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de giros efectuados por Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña que fueron monetizados en Colombia para cancelar las “coimas” respectivas. El valor identificado del dinero que pagó la empresa brasilera alcanza los 100 mil millones de pesos.

La investigación contra los senadores surgió porque habrían colaborado en el trámite de la adicción de la vía Ocaña- Gamarra, para lo cual la multinacional habría contado con el apoyo del entonces Ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos, quien se encargó de promover el proyecto de infraestructura.

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Después de la salida del Ministro Peñaloza, el exsenador Otto Bula, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota, habría tomado la decisión de ampliar el grupo de colaboradores “porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo”, confesó Bula.

En ese grupo también están involucrados  los congresistas Sandra Villadiego, Martín Morales y Ape Cuello.

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Además, la Fiscalía presentó nuevas pruebas contra el congresista Plinio Olano, que en 2010, habría acordado con Odebrecht un sobreprecio de $500 millones en un contrato de la obra.

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de analizar todas las pruebas, individualizará a los presuntos beneficiarios de estos pagos y tomará medidas sobre esta investigación.

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