El Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar tras la denuncia presentada por el concejal de Bogotá Angelo Schiavenato, quien advirtió sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del alcalde Carlos Fernando Galán.
La queja apunta a revisar si aportes económicos realizados por empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria habrían sido fragmentados estratégicamente para evitar superar el límite legal del 2 % del tope de gastos de campaña.
De acuerdo con la normativa vigente, quienes financien campañas por encima de ese umbral pueden quedar inhabilitados para contratar con entidades públicas del respectivo nivel administrativo durante el periodo del candidato elegido.
Los aportes bajo revisión
Según la investigación presentada por Schiavenato, para la fecha de las elecciones Mercantil Colpatria habría aportado $250 millones a la campaña de Galán, mientras que empresas del Grupo Bolívar habrían entregado $100 millones. El concejal sostiene que, al analizar estos aportes de manera conjunta, podrían superar el límite permitido para mantener habilitada la contratación con el Distrito.
El punto central de la denuncia es que los aportes, aunque individualmente estarían por debajo del umbral legal, pertenecerían o estarían relacionados con un mismo entramado empresarial.
La campaña de Galán recibió financiación de compañías privadas, entre ellas firmas vinculadas a sectores financieros y empresariales, según registros y reportes públicos sobre sus ingresos de campaña.
El contrato que encendió las alertas
La denuncia también cuestiona la posterior adjudicación de la administración de cerca de $3 billones correspondientes a pensiones y cesantías de servidores públicos del Distrito, a través del Foncep, a una entidad fiduciaria vinculada al Grupo Bolívar. Medios que han reportado el caso identificaron el contrato como la fiducia mercantil número 291 de 2024, suscrita entre el Foncep y Fiduciaria Davivienda.
Para Schiavenato, la coincidencia temporal entre los aportes de campaña y la adjudicación de un contrato de alta relevancia financiera para Bogotá ameritaba la intervención de las autoridades electorales y de control.
Fiscalía y Contraloría también fueron notificadas
El concejal celebró que el CNE haya trasladado copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República, con el fin de que estas entidades determinen, dentro de sus competencias, si existen posibles delitos, irregularidades contractuales o eventuales afectaciones al patrimonio público.
Por ahora, la actuación del CNE corresponde a una etapa preliminar, por lo que no implica una decisión de fondo ni una responsabilidad establecida contra el alcalde Carlos Fernando Galán, su campaña o las empresas mencionadas. Será el avance de la indagación el que determine si hubo o no violación de las normas de financiación electoral y contratación pública.
Hasta el momento, ni Galán ni la alcaldía de Bogotá se han pronunciado sobre este tema.
