Una investigación del periodista Daniel Coronell puso bajo la lupa a Juan José Lafaurie Cabal, abogado e hijo de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, por el presunto uso de créditos y subsidios estatales destinados a pequeños productores del sector agropecuario. La información fue revelada en la sección Los Danieles de la revista Cambio.
De acuerdo con la investigación, el 22 de abril de 2024 Lafaurie Cabal acudió a una sucursal del banco Serfinanza, ubicada en el departamento del Cesar, para solicitar un préstamo bajo la modalidad de crédito a tasa preferencial. Para acceder a este beneficio, se habría presentado como “pequeño productor”, una categoría que permite condiciones financieras especiales dentro de los programas impulsados por el Estado para el desarrollo rural.
Con el fin de acreditar esa condición, presuntamente presentó documentación firmada por una contadora pública en la que se certificaban activos por $129.139.311 e ingresos anuales de $95.996.800. Según explicó Coronell, estas cifras se encuentran apenas por debajo de los topes máximos establecidos por la normativa vigente para ser considerado pequeño productor y acceder a este tipo de créditos.
Con base en esa información, Serfinanza habría aprobado y desembolsado un crédito de redescuento por $400 millones, financiado con recursos del Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Dicho fondo administra recursos públicos orientados a fortalecer la producción agropecuaria mediante créditos, incentivos y programas de apoyo al campo colombiano.
La investigación señala además que, posteriormente, Lafaurie Cabal gestionó un Incentivo de Capitalización Rural (ICR). El miércoles 27 de noviembre de 2024, Finagro habría realizado un abono por $95.273.700, correspondiente al monto máximo permitido por este incentivo, para cubrir parte del crédito previamente otorgado.
Esto implicaría que, aunque el préstamo inicial fue de $400 millones, el beneficiario solo tendría que devolver aproximadamente $304 millones, mientras el resto sería cubierto con recursos del Estado.
Adicionalmente, el hijo de la congresista habría solicitado el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que garantizó el 80 % del valor del crédito. En la práctica, este mecanismo convierte al Estado en el principal fiador de la obligación financiera.
Otro de los aspectos destacados por Coronell es que, durante el período en el que se tramitaron y recibieron estos beneficios, José Félix Lafaurie, padre del solicitante y presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hacía parte de la Junta Directiva de Finagro. Aunque este órgano no aprueba operaciones individuales, sí cumple un papel clave en la orientación general de la entidad.
En entrevista con el periodista, José Félix Lafaurie confirmó que integró la Junta Directiva de Finagro entre el 22 de noviembre de 2007 y el 17 de junio de 2024. Sin embargo, aseguró que no informó a los demás miembros sobre los trámites realizados por su hijo, al considerar que no existía un conflicto de interés.
La controversia también ha generado debate por el contraste entre estas solicitudes y las posiciones públicas de Juan José Lafaurie Cabal, quien en distintas ocasiones ha cuestionado en redes sociales la entrega de subsidios estatales a personas que, a su juicio, no los necesitan.
