Piden a la Fiscalía interrogar a Aída Merlano en Venezuela

Congresistas de la oposición le pidieron al recién elegido fiscal general, Francisco Barbosa, que nombre una comisión para que interrogue a la exsenadora Aída Merlano, quien se encuentra en Venezu
Congresistas de la oposición le pidieron al recién elegido fiscal general, Francisco Barbosa, que nombre una comisión para que interrogue a la exsenadora Aída Merlano, quien se encuentra en Venezuela tras ser recapturada. [single-related post_id="1245930"] Mediante un derecho de petición, los legisladores opositores le expresaron al fiscal que Merlano ha manifestado tener información sobre personas que estarían involucradas en redes de compra de votos en el departamento del Atlántico, norte del país. “Nos permitimos solicitarle que (…) mientras el Gobierno Nacional adelanta las actuaciones necesarias para la repatriación de la señora Merlano, designe una comisión de fiscales para que reciban en territorio venezolano la declaración de ella acerca de los hechos que dice conocer y de los que además afirma tener pruebas”, indicaron los congresistas. Los opositores que hicieron la petición a Barbosa son Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Julián Gallo, Wilson Arias, Criselda Lobo, Aida Avella, Omar de Jesús Restrepo, María José Pizarro y Luis Alberto Albán. La petición se da luego de que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de Venezuela capturaran el pasado lunes a Merlano, quien a principios de octubre de 2019 se fugó en medio de una visita al odontólogo en el Centro Médico de la Sabana, ubicado al norte de Bogotá. El pasado martes, el gobierno colombiano le pidió al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la extradición de la excongresista Merlano. El Ministerio de Justicia indicó que, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, “no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”. La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a Merlano a 15 años de cárcel, a mediados de septiembre de 2019, por los delitos de porte ilegal de armas y corrupción, debido a su participación en una red de compra de votos para su campaña en las elecciones legislativas de marzo de 2018.
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