Una nueva discusión sobre los límites entre el derecho a la protesta y las acciones violentas llegó al Congreso de la República. Los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, radicaron la denominada Ley Anticapuchos, un proyecto que busca endurecer las sanciones contra quienes oculten su identidad para cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas.
La iniciativa plantea incorporar al Código Penal una conducta específica relacionada con el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas, capuchas u otros elementos destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona cuando estos sean utilizados para facilitar la comisión de delitos en una protesta, movilización, reunión o concentración pública.
El punto es clave: de acuerdo con la formulación presentada por sus autores, usar una capucha durante una protesta no sería delito por sí solo. La conducta sancionable estaría asociada a ocultar deliberadamente la identidad mientras se cometen actos vandálicos o delitos.
- También puede leer: Fiscalía reactiva 46 órdenes de captura contra integrantes de tres grupos armados
¿Qué penas propone la Ley Anticapuchos?
El proyecto contempla penas de 54 a 96 meses de prisión, es decir, entre cuatro años y seis meses y ocho años de cárcel. También establece multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La propuesta también incorpora circunstancias que podrían agravar la conducta, entre ellas el uso de explosivos, sustancias corrosivas, artefactos de fabricación artesanal u otros elementos capaces de causar daños graves a las personas o a bienes públicos y privados.
También se contemplan agravantes cuando los hechos afecten establecimientos educativos, instituciones de salud, organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura relacionada con servicios públicos esenciales.
El proyecto también apunta a los bloqueos de vías
La iniciativa no se limita al ocultamiento de identidad. El articulado también propone sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, obliguen o faciliten la obstrucción de vías o infraestructura de transporte cuando con ello se pongan en riesgo derechos o bienes como la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente o el derecho al trabajo.
Para estas conductas se plantean penas de entre 54 y 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante un periodo equivalente a la condena.
- También puede leer: ¿Por qué el retorno de migrantes agrava la crisis por sequía en Centroamérica?
¿Qué dicen sus autores?
Jaime Arizabaleta defendió la iniciativa asegurando que pretende proteger el carácter pacífico de las movilizaciones. “Aquí lo que queremos es fortalecer el derecho a la protesta. El 99% de las personas que salen a protestar no salen ocultando su identidad, no salen a protestar con capucha, no salen a hacer vandalismo”, afirmó el representante, según declaraciones recogidas por la Cámara de Representantes.
Los impulsores han insistido en que la propuesta no pretende ir en contra del derecho a la protesta, sino establecer consecuencias penales para quienes aprovechen las manifestaciones para cometer delitos mientras dificultan su identificación.
Julio César Triana, por su parte, cuestionó los efectos que los hechos vandálicos dejan sobre comerciantes y ciudades. “No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune”, señaló el congresista. Además, añadió que con la iniciativa buscan entregar mayores herramientas a las autoridades para judicializar y agravar las penas de quienes utilicen el anonimato para delinquir.
¿Qué sigue para la Ley Anticapuchos?
El proyecto fue radicado el 1 de septiembre y deberá comenzar su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde tendrá su primer debate antes de poder avanzar hacia la plenaria y posteriormente al Senado.
Por ahora se trata de un proyecto de ley, por lo que las sanciones planteadas todavía no están vigentes. Su contenido deberá ser discutido y podrá ser modificado durante el trámite en el Congreso.
La discusión tendrá como uno de sus principales puntos el equilibrio entre la protección constitucional de la protesta pacífica y las herramientas que tendría el Estado para identificar y judicializar a quienes cometan delitos durante las movilizaciones.
