Hoy, el precandidato presidencial Sergio Fajardo recibió quizá la mejor noticia en lo que va de campaña. La Contraloría General de la República declaró reparado integralmente el daño patrimonial de $4,3 billones en el caso Hidroituango, tras el pago realizado por las aseguradoras. Esta decisión implica que se levanten las medidas cautelares que pesaban sobre los declarados responsables fiscales; entre ellos, el también exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia.
"El montaje de Hidroituango se cae: la Contraloría acepta que no tengo responsabilidad fiscal, levantó medidas cautelares y cerró el proceso. Los recursos de Antioquia están a salvo. Se hace justicia. La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren (años)", trinó Fajardo.
La Contraloría General emitió este 27 de enero el auto 0104 en el que declaró resarcido el daño por la contingencia en Hidroituango, ya que las aseguradoras Mapfre y Sura hicieron el pago total del dinero de la indemnización de la póliza todo riesgo construcción y montaje.
El pronunciamiento del ente significa que no se hará el trámite de Registro de Fallo con Responsabilidad Fiscal en el Boletín de Responsables Fiscales Sibor ni en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad Siri. Y contra esta decisión no proceden recursos.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, uno de los más duros contradictores de Fajardo, no tardó en referirse al auto de la Contraloría, el cual significa una bocanada de aire para el precandidato de la Coalición de la Esperanza, teniendo en cuenta que no tendrá que enfrentar ningún tipo de inhabilidad por este caso.
"Aclaración: Fuiste condenado como responsable por Hidroituango. Acuerdo de Aseguradoras, Contraloría y EPM hizo que no tuvieras que pagar tu condena. Deberías dar las gracias. No todos los colombianos tienen tantos beneficios cuando la embarran", expresó Quintero.
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De acuerdo con la Ley 734 de 2002, la cual establece que quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente, la inhabilidad solo cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría excluya al responsable del boletín de responsables fiscales. El pago fue realizado por las aseguradoras y no hay lugar a sanción contra Fajardo y los otros 25 señalados en el caso.
