El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente "conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos", indica un comunicado.
En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.
Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, conocidos como 'Los Chapitos', y recibir a cambio "millones de dólares" de los beneficios del cartel.
La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran "secuestrando e intimidando a sus rivales", y ha permitido que estos "operen con impunidad" bajo la promesa de protegerlos.
Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
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A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.
A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
El fiscal del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, indicó -en la nota- que EE.UU. busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de las drogas y aseguró que la acusación envía "un claro mensaje a funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes".
