En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La decisión se produjo pocas horas después de la primera notificación judicial, como medida preventiva dentro de la investigación que adelanta la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Ambos congresistas están siendo investigados desde noviembre del año pasado por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. El caso gira en torno a la supuesta recepción de dinero por parte de Name y Calle, con el objetivo de fortalecer el apoyo legislativo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El expediente judicial revela que se habría entregado una suma total de 4.000 millones de pesos a los dos políticos. Parte de estos recursos, según documentos oficiales, habrían terminado financiando campañas de familiares cercanos a los implicados. Uno de los testimonios más contundentes es el de Olmedo López, quien aseguró que Iván Name recibió 3.000 millones de pesos en dos entregas, realizadas los días 12 y 13 de octubre de 2023. Este dinero, según López, fue redirigido a la campaña de su hija, María Clara Name, actual concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde.
En este proceso también aparece mencionada la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, señalada como una de las coordinadoras de las entregas del dinero, realizadas en el hotel Tequendama, en Bogotá. La Corte Suprema cuenta con coordenadas, testimonios y documentos que respaldan estos señalamientos.
El caso de Andrés Calle también está sustentado en testimonio directo. Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, condenado a cinco años de cárcel, afirmó que 1.000 millones de pesos fueron retirados en efectivo en un hotel de Montería y entregados al entonces presidente de la Cámara de Representantes.
La gravedad de estos testimonios y las pruebas recopiladas por el alto tribunal motivaron la decisión de ordenar las capturas, que marcan un punto crítico en una de las investigaciones por corrupción más sonadas del presente gobierno.
En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. La decisión se produjo pocas horas después de la primera notificación judicial, como medida preventiva dentro de la investigación que adelanta la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Ambos congresistas están siendo investigados desde noviembre del año pasado por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. El caso gira en torno a la supuesta recepción de dinero por parte de Name y Calle, con el objetivo de fortalecer el apoyo legislativo al Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El expediente judicial revela que se habría entregado una suma total de 4.000 millones de pesos a los dos políticos. Parte de estos recursos, según documentos oficiales, habrían terminado financiando campañas de familiares cercanos a los implicados. Uno de los testimonios más contundentes es el de Olmedo López, quien aseguró que Iván Name recibió 3.000 millones de pesos en dos entregas, realizadas los días 12 y 13 de octubre de 2023. Este dinero, según López, fue redirigido a la campaña de su hija, María Clara Name, actual concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde.
En este proceso también aparece mencionada la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, señalada como una de las coordinadoras de las entregas del dinero, realizadas en el hotel Tequendama, en Bogotá. La Corte Suprema cuenta con coordenadas, testimonios y documentos que respaldan estos señalamientos.
El caso de Andrés Calle también está sustentado en testimonio directo. Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, condenado a cinco años de cárcel, afirmó que 1.000 millones de pesos fueron retirados en efectivo en un hotel de Montería y entregados al entonces presidente de la Cámara de Representantes.
La gravedad de estos testimonios y las pruebas recopiladas por el alto tribunal motivaron la decisión de ordenar las capturas, que marcan un punto crítico en una de las investigaciones por corrupción más sonadas del presente gobierno.
