Tras el atentado terrorista registrado el pasado martes en el municipio de Buenos Aires, Cauca, el gobernador Octavio Guzmán llegó a la zona para activar una hoja de ruta que permita atender de manera integral a las familias afectadas y avanzar en la recuperación del territorio.
En compañía de la Fuerza Pública, autoridades locales y representantes de la comunidad, se acordó la realización de censos, la evaluación de las afectaciones y la activación inmediata de ayudas humanitarias para las personas damnificadas. El mandatario departamental asumió el compromiso de liderar la reconstrucción de las viviendas de la población civil afectada y de garantizar acompañamiento psicosocial, con el fin de atender tanto los daños materiales como el impacto emocional generado por los hechos violentos.
Además, anunció la articulación de acciones para acelerar rutas de inversión orientadas a la generación de espacios de convivencia y paz, así como el desarrollo de proyectos de fortalecimiento institucional y productivo. Estas iniciativas se adelantarán de manera conjunta entre el municipio, la Gobernación, los consejos comunitarios, las comunidades educativas y distintas entidades, con el propósito de avanzar hacia una recuperación integral.
- Le puede interesar: Ataque en Buenos Aires, Cauca: la cronología de un día de terror.
Mesa interinstitucional
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación convocó una mesa interinstitucional de alto nivel que se realizará el próximo martes 23 de diciembre en Santander de Quilichao. El encuentro buscará definir un plan de acción inmediato e integral que garantice la seguridad, la convivencia y el acceso digno a los servicios públicos de la población de Buenos Aires.
Durante una visita al territorio, el Ministerio Público constató la grave situación de seguridad que enfrenta la zona tras los ataques ocurridos el 16 de diciembre, los cuales han afectado directamente la vida y tranquilidad de la comunidad y evidencian una preocupante ausencia de control estatal.
“Se desarrollarán acciones específicas para proteger el derecho de la población a acceder de manera digna al servicio público de energía, afectado por las recientes acciones violentas. Como Procuraduría reafirmamos el compromiso indeclinable con la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades y exigimos respuestas inmediatas y eficaces de las instituciones responsables”, señaló el procurador delegado para la Gobernanza Territorial, Alexander López Maya.
