La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de siete uniformados de la Policía Nacional que habrían participado en la apropiación de una millonaria suma de dinero recuperada tras un robo en Buenaventura (Valle del Cauca).
Los hechos, según la investigación, ocurrieron el 16 de noviembre de 2024 y están relacionados con el hurto de 210 millones de pesos en un hotel del puerto.
De acuerdo con la Fiscalía, ese día se presentó un enfrentamiento armado entre varios policías y cuatro presuntos asaltantes involucrados en el robo. Durante el operativo, los uniformados localizaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos y dentro de él una bolsa que contenía los recursos sustraídos.
Lea también: Tres hombres a juicio por presunto abuso sexual a menores en Cauca
Sin embargo, según el material probatorio, los hoy procesados no entregaron el dinero a las autoridades competentes y, presuntamente, decidieron repartírselo entre ellos.
Los implicados fueron identificados como los patrulleros Fabián Darío Espinosa Puello, José Jair Rodríguez Franco, Andrés Acosta Quinayas, José Nicolás Cuaran Mora y Jeimy Juliana Mingan Rodríguez, junto a los subintendentes Wilmer Mosquera Mosquera y Anderson Felipe Osorio Portillo.
El ente acusador les imputó el delito de peculado por apropiación, el cual no fue aceptado por los procesados.
En audiencia, un juez de control de garantías determinó que existían suficientes elementos que comprometían su presunta responsabilidad, por lo que ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete uniformados mientras avanza el proceso judicial.
Además: Atentado del ELN en Arauca deja un soldado muerto y siete heridos
Las capturas se llevaron a cabo en Cali y Tuluá, en operaciones coordinadas por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), adscritos al grupo investigativo de delitos contra la Administración Pública.
La Fiscalía destacó que este caso refleja el compromiso institucional de la entidad con la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del Estado, reafirmando que ninguna conducta delictiva cometida por servidores públicos quedará impune.
