La Universidad de Pamplona quedó bajo la lupa del Gobierno Nacional luego de que el presidente Abelardo De La Espriella instruyera al Ministerio de Educación para adoptar medidas de inspección y vigilancia preventiva sobre la gestión administrativa y financiera de la institución.
La decisión fue anunciada este sábado 26 de septiembre y responde, según la Presidencia, a denuncias sobre presuntas irregularidades en la contratación pública, posible injerencia de terceros en decisiones administrativas y un supuesto incremento injustificado de la planta de personal. Estos señalamientos serán objeto de revisión y, de ser necesario, trasladados a los organismos de control.
¿Por qué el Gobierno puso la lupa sobre la universidad?
La Presidencia señaló que las denuncias conocidas por el Ejecutivo están relacionadas con la manera en que se estarían tomando algunas decisiones administrativas y con el manejo de la contratación.
En su pronunciamiento, el Gobierno no presenta estas situaciones como hechos probados, sino como denuncias y presuntos hallazgos que deberán ser verificados mediante los procedimientos correspondientes.
El presidente también pidió al Ministerio de Educación ejercer vigilancia sobre la institución mientras se desarrolla el proceso para definir quién ocupará la rectoría en propiedad.
Te puede interesar: Seis universidades colombianas entre las 100 más sostenibles del mundo
¿Qué pasó con el anterior rector?
El caso también está relacionado con una decisión reciente del Consejo de Estado, que anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez como rector de la Universidad de Pamplona para el periodo 2025-2028.
La Sección Quinta del alto tribunal determinó que su elección para un tercer periodo consecutivo no se ajustaba a las reglas de reelección establecidas en los estatutos de la institución. El fallo dejó sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, mediante el cual había sido designado.
El Consejo de Estado también cuestionó aspectos del procedimiento utilizado para la convocatoria y determinó la inaplicación de algunas disposiciones internas que sirvieron de fundamento para la elección.
¿Qué debe pasar ahora con la rectoría?
Tras la decisión judicial, corresponde al Consejo Superior Universitario adelantar el proceso para designar un rector titular.
La Presidencia señaló que este procedimiento debe realizarse con apego a la normativa vigente y bajo condiciones de transparencia.
El propio Gobierno también confirmó que el Ministerio de Educación deberá ejercer las funciones de inspección y vigilancia mientras se desarrolla este proceso. La instrucción fue dirigida a la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
¿Qué se está investigando y qué falta por comprobar?
Por ahora, las denuncias mencionadas por el Gobierno corresponden a asuntos que deberán ser revisados por las autoridades competentes.
Entre los puntos señalados están la contratación pública, una posible intervención de terceros en decisiones administrativas y un supuesto aumento injustificado de la planta de personal. La Presidencia indicó que estos asuntos serán sometidos a una revisión exhaustiva y que podrán ser trasladados a los organismos de control.
Esto significa que, hasta que las autoridades correspondientes concluyan sus actuaciones, no puede afirmarse que las presuntas irregularidades hayan sido comprobadas.
Te puede interesar: Mineducación atribuye a la baja natalidad el cierre de colegios privados
¿Qué respondió el Ministerio de Educación?
El Ministerio de Educación confirmó que ya adelanta acciones frente a la situación de la Universidad de Pamplona. En una respuesta publicada en sus redes sociales, señaló que está en curso una investigación administrativa preliminar que comenzó el 4 de septiembre.
Además, anunció que durante esta semana realizará una visita de inspección y vigilancia para verificar las denuncias relacionadas con posibles irregularidades contractuales.
El Ministerio también informó que su delegado participó la semana pasada en el Consejo Superior Universitario (CSU) y acompaña el proceso de elección del rector, con el propósito de que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado.
Finalmente, la cartera aseguró que actuará “con rigor y transparencia” para garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la Universidad de Pamplona.
¿En qué punto está el proceso?
Con la investigación administrativa preliminar ya en curso y la visita de inspección anunciada, el Ministerio deberá verificar las denuncias que dieron origen a las actuaciones.
De manera paralela, el Consejo Superior Universitario deberá avanzar en la elección del rector, después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección del anterior rector.
Por ahora, las denuncias sobre contratación, posible injerencia en decisiones administrativas y aumento de la planta de personal son asuntos sujetos a verificación. La investigación administrativa y las actuaciones de los organismos competentes deberán determinar si existieron irregularidades y si hay responsabilidades.
Así, la Universidad de Pamplona queda ante dos procesos simultáneos: una revisión sobre su gestión administrativa y financiera y la elección de un nuevo rector bajo acompañamiento del Ministerio de Educación.
