Luego de la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) dictó sanción contra el menor de edad que disparó contra el entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El ataque ocurrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. La decisión establece que el joven deberá cumplir siete años de privación de la libertad en un centro de atención especializada.
¿Cómo se planeó y ejecutó el atentado?
Durante la investigación, la Fiscalía determinó que el adolescente fue contactado y convencido de participar en el atentado. Según el expediente, en el barrio Modelia, mientras se desplazaba en un vehículo conducido por Carlos Eduardo Mora González, recibió una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’.
El joven descendió del automóvil y caminó hasta el parque El Golfito, donde Miguel Uribe Turbay se encontraba participando en una concentración política. Allí, disparó en su contra.
La captura y judicialización del menor
Tras el ataque, el adolescente intentó huir por las calles del sector, pero fue rápidamente interceptado por los integrantes del esquema de seguridad de Uribe. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.
El 4 de agosto, durante la audiencia de acusación, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Muerte de Miguel Uribe y decisión judicial
Dos meses después del ataque, el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció, lo que marcó un punto de quiebre en el proceso judicial.
La sanción impuesta en primera instancia contra el adolescente contempla la posibilidad de interponer los recursos de ley correspondientes. La decisión se tomó bajo los parámetros establecidos en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el cual establece medidas diferenciadas para menores de edad involucrados en conductas delictivas.
