La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación y rechazo por los recientes hechos de violencia, intimidación y afectación contra la población civil registrados en distintos territorios del país, los cuales fueron atribuidos al ELN en el marco de su aniversario número 62.
De acuerdo con la entidad, durante los últimos días se reportaron hostigamientos armados, ataques con explosivos, instalación de banderas y marcas alusivas a este grupo armado ilegal en departamentos como Risaralda, Nariño, Casanare, Guainía, Chocó, Valle del Cauca, Arauca y Cauca.
Ataques y hostigamientos en varias zonas
En Risaralda, se informó que se registraron ataques contra la Estación de Policía y el batallón en el casco urbano de San José del Palmar, además de hostigamientos en el corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico. Estos hechos dejaron afectaciones en la infraestructura policial y un uniformado herido levemente.
La entidad también señaló que aparecieron banderas y elementos alusivos al ELN en Pereira y Dosquebradas. En Chocó, por su parte, la estación de Policía de Tadó fue hostigada con drones cargados con explosivos.
Otro de los hechos que generó alerta ocurrió en el Valle del Cauca, donde fue lanzada una granada contra el CAI de Alfonso López, en Cali. Según el reporte, el artefacto no detonó y las autoridades adelantan las verificaciones para establecer la autoría.
Desplazamiento masivo en Cauca
La Defensoría también reportó el desplazamiento masivo de aproximadamente 70 familias, más de 200 personas, de la comunidad de San Antonio de Gurunendy, en López de Micay, Cauca. La entidad advirtió que esta situación requiere atención humanitaria urgente y garantías inmediatas de protección.
Asimismo, se conoció la instalación de banderas en Guaitarilla, Nariño; marcas alusivas al ELN en Guainía, y la presencia de banderas en Sácama, Casanare. En este último caso, las autoridades descartaron la presencia de artefactos explosivos tras la verificación correspondiente.
En Arauca, la entidad alertó por homicidios selectivos registrados en Saravena, Tame y Arauquita, hechos que, según la Defensoría, profundizan la grave situación humanitaria y de violencia que enfrenta el departamento.
Llamado urgente a las autoridades
La Defensoría del Pueblo aseguró que estas acciones constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues generan zozobra y ponen en riesgo a la población civil.
Por eso, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección, garantizar atención humanitaria inmediata a las comunidades afectadas y mantener una presencia institucional integral en los territorios.
