Este viernes 6 de junio, el Tribunal Superior de Bogotá tomará una decisión trascendental en el escándalo de corrupción más grave que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro: se definirá si Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), será enviado a prisión por su presunta participación en la red criminal que desvió fondos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Fiscalía solicita cárcel por corrupción en la UNGRD
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la fiscal delegada María Cristina Patiño solicitó que González sea recluido en un centro penitenciario. La Fiscalía lo acusa de ser uno de los principales articuladores de un entramado delictivo que habría malversado recursos destinados a la atención de emergencias en todo el país.
Los delitos imputados a González son cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Aunque el exfuncionario se declaró inocente, no asistió de manera presencial a la diligencia judicial: intervino virtualmente desde el extranjero, y su paradero actual es desconocido.
¿Quién es Carlos Ramón González?
Carlos Ramón González no solo fue director del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que además es uno de los fundadores del partido Alianza Verde y figura cercana al presidente Gustavo Petro, con quien militó en el movimiento M-19. Su detención sería un duro golpe político para el Gobierno, ya que representa al funcionario de más alto perfil vinculado hasta ahora al escándalo de la UNGRD.
Según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, González habría ordenado el pago de millonarios sobornos a congresistas para asegurar el respaldo a las reformas legislativas del Ejecutivo. Entre los beneficiarios señalados figuran los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ambos ya detenidos.
Estructura criminal para asegurar apoyo político
El expediente judicial sostiene que González habría abusado de su cargo para montar una estructura jerárquica dentro del Estado, en la que asignaba funciones ilegales a distintos colaboradores. A Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, le habría encomendado entregar $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, para “asegurar” apoyo parlamentario.
El caso UNGRD ya ha derivado en varias capturas, y esta audiencia marca un punto de quiebre: la justicia deberá decidir si permite que un funcionario de la primera línea presidencial enfrente el proceso en libertad o desde una celda.
¿Qué está en juego con la decisión judicial de este viernes?
Más allá del destino personal de Carlos Ramón González, la decisión del magistrado tendrá un impacto directo en la credibilidad institucional del país. En juego está la autonomía del poder judicial frente al Ejecutivo y la posibilidad real de que se castigue a los responsables, sin importar su cercanía con el poder.
Esta audiencia también podría acelerar otras decisiones pendientes en el caso, como el preacuerdo de Olmedo López con la Fiscalía, que fue rechazado recientemente por inconsistencias y podría generar un efecto dominó de nuevas imputaciones.
