El Ministro de Interior, Armando Benedetti y el Ministerio de Justicia, comandado por Andrés Idárraga radicaron en el Congreso un proyecto de ley que crea un delito específico para castigar el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo en Colombia. El Gobierno busca ajustar el Código Penal al avance de esta sustancia sintética y cerrar la puerta a nuevos mercados.
Hoy el fentanilo se investiga con las normas generales de narcotráfico, pero el Ejecutivo sostiene que se necesita un tipo penal autónomo para seguir de cerca toda la cadena de producción y distribución y reaccionar a tiempo frente a posibles redes de fabricación y venta.
¿Qué cambia con el proyecto?
El texto radicado crea el Artículo 376A en el Código Penal, que tipifica el manejo ilegal del fentanilo y fija penas de prisión para quienes lo produzcan, transporten o comercialicen sin autorización. Según el Ministerio del Interior, las sanciones irían de 10 a 30 años de cárcel, con diferencias entre conductas.
La idea es que no se trate igual a quien porte una cantidad mínima para consumo que a quienes participan en la fabricación, la distribución o la exportación de la sustancia. Con esto, el Gobierno busca enviar un mensaje directo a los eslabones que sostienen el negocio.
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Penas, controles y salud pública
La iniciativa se articula con decisiones recientes del Consejo Nacional de Estupefacientes, que restringió el uso de precursores químicos necesarios para producir fentanilo. El proyecto refuerza esos controles sobre el transporte, el almacenamiento y el uso de estos insumos, y habla de mayor vigilancia sanitaria y trazabilidad.
El texto incluye un componente de salud pública: campañas de prevención e información sobre los riesgos del fentanilo y acciones pedagógicas dirigidas a jóvenes y a personal de salud. El Gobierno plantea que la respuesta debe combinar sanción penal con medidas para reducir daños, en un contexto de presión internacional por la crisis de sobredosis en Estados Unidos.
El debate que se abre en el Congreso
El proyecto llega al Capitolio cerca del cierre de la legislatura, por lo que su discusión de fondo podría pasar al próximo periodo o a posibles sesiones extraordinarias. En los debates se revisarán la dosificación de las penas, la definición de cantidades y la diferencia entre consumo y tráfico, así como la coordinación del nuevo artículo con las normas ya vigentes sobre estupefacientes.
