La Contraloría General de la República detectó diez hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones durante una auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, correspondiente a la vigencia 2025.
Además de los hallazgos fiscales, el organismo de control identificó doce situaciones con posible incidencia disciplinaria y una con presunta incidencia penal. Las irregularidades comprometerían recursos destinados al pago de pensiones, cesantías y servicios de salud de los docentes y sus familias.
Pagos por servicios médicos concentran el mayor hallazgo
El hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago de $133.255 millones por servicios médico-asistenciales represados e intereses a la Unión Temporal Medisalud y a la UT Redvital.
Según la Contraloría, estas obligaciones debían ser asumidas por los operadores de salud salientes y entrantes, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos. Sin embargo, los recursos terminaron siendo pagados por el Fomag, lo que habría generado un detrimento al patrimonio público.
Medisalud prestaba servicios en Boyacá, Casanare y Meta, mientras que Redvital tenía a su cargo la operación en Antioquia y Chocó.
Primas sin requisitos y pagos a personas fallecidas
La auditoría también revisó una muestra de 1.105 pagos correspondientes a la prima de mitad de año para docentes pensionados. El ente de control concluyó que se desembolsaron $27.982 millones a personas que no cumplirían los requisitos constitucionales y legales para recibir ese beneficio.
En algunos casos, los pagos se habrían realizado pese a la existencia de decisiones judiciales que ya habían negado el reconocimiento de la prima.
El informe también señaló que continuaron girándose mesadas pensionales después del fallecimiento de algunos docentes o beneficiarios. A esto se suman pagos superiores a los correspondientes en pensiones de invalidez y sanciones ocasionadas por retrasos administrativos.
Contraloría no aprobó las cuentas del Fomag
Otro de los puntos que encendió las alertas fue la falta de registro de obligaciones por cerca de $598.364 millones, situación que habría provocado que el Fondo reportara deudas inferiores a las que realmente tenía.
Debido a las deficiencias contables encontradas, la Contraloría decidió no aprobar las cuentas del Fomag correspondientes a la vigencia 2025.
El Fondo también habría destinado $5.479 millones al pago de sanciones por mora y más de $9.200 millones en intereses y sanciones relacionados con cesantías y pensiones que no fueron pagadas dentro de los plazos establecidos.
Contraloría pide corregir fallas repetidas
El organismo de control advirtió una presunta corresponsabilidad entre la Fiduprevisora, como administradora y vocera del Fomag, y las entidades territoriales involucradas en la gestión de estos recursos.
La Contraloría pidió establecer mecanismos que impidan que continúen los pagos indebidos y permitan administrar de manera eficiente el dinero destinado a la atención en salud y a las prestaciones sociales del Magisterio.
Los hallazgos vuelven a poner bajo la lupa el manejo financiero del Fomag, un fondo que administra recursos públicos esenciales para garantizar los derechos de docentes, pensionados y sus familias.
