A pocos meses de cumplirse diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno entrante, al Congreso y a las demás instituciones del Estado para mantener como prioridad la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
La solicitud fue realizada tras la publicación del sexto informe de seguimiento a las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), titulado Tejidos para la reparación, en el que se evalúan los avances y los desafíos que enfrenta el país para garantizar la reparación integral y las garantías de no repetición.
El documento destaca avances como la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento de las indemnizaciones para víctimas de violencia sexual, los progresos en restitución de tierras, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la adopción de políticas para atender a la población desplazada.
Sin embargo, la Defensoría advirtió que aún existen rezagos importantes en la implementación de medidas de reparación colectiva, especialmente para pueblos étnicos, mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y víctimas que permanecen en el exilio.
La entidad también señaló que la institucionalidad creada para atender a las víctimas enfrenta limitaciones presupuestales y operativas, lo que dificulta responder a la magnitud del conflicto armado y cumplir con las obligaciones del Estado.
Por ello, pidió al Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, convertir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en acciones concretas que fortalezcan la reparación integral, la memoria, la construcción de paz y las garantías de no repetición.
