Ministro de Defensa defendió compra del sistema antidrones y respondió a las críticas

Pedro Sánchez aseguró que frenar la adquisición del sistema antidrones pondría en riesgo a la Fuerza Pública. El ministro afirmó que los ataques con estos dispositivos se presentan, en promedio, cada 13 horas.
Créditos:
Redes sociales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la compra del nuevo sistema antidrones y respondió a las críticas que ha generado la inversión. El funcionario aseguró que suspender este proceso pondría en riesgo la vida de militares, policías y civiles frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país.

Las declaraciones fueron entregadas en Villavicencio, luego de los cuestionamientos del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre la adquisición de este tipo de equipos y las inversiones destinadas a la modernización de la Fuerza Pública.

Sánchez explicó que la compra no corresponde a una decisión reciente, sino a un proceso de planeación que comenzó hace más de seis meses. En ese contexto, calificó como “irresponsable” cualquier propuesta que busque detener la adquisición.

 

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que la amenaza de los drones utilizados por grupos armados ha aumentado en el país. Según indicó, en promedio, la Fuerza Pública enfrenta un intento de ataque con estos dispositivos cada 13 horas.

Además, defendió el plan de modernización respaldado por el CONPES, que contempla una inversión de 13 billones de pesos para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Finalmente, el ministro reiteró que Colombia ha venido incorporando capacidades antidrones desde hace varios años y aseguró que estos equipos son fundamentales para proteger a los uniformados y garantizar el cumplimiento de la misión constitucional de brindar seguridad a la población.

Más KienyKe
Conozca los resultados del sorteo 3173 de la Lotería de la Cruz Roja del 29 de septiembre.
Conozca los números y el signo ganador del sorteo 8258 de Súper Astro Luna del martes 29 de septiembre.
El retiro de las letras de la fachada ocurrió mientras avanzaba la convocatoria para elegir la marca que identificaría al escenario de conciertos.
Entre los detenidos hubo cuatro funcionarios públicos. Según la Policía, la red cobraba hasta 7.000 dólares por registros civiles, cédulas y pasaportes.