El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2590 de 2026, que aumenta las condenas contra quienes recluten menores durante el conflicto armado o los utilicen para cometer delitos. La norma también obliga al Estado a crear nuevos mecanismos de prevención y respuesta territorial.
Penas de hasta 50 años de prisión
La ley modificó dos artículos del Código Penal. El primero establece que quien reclute a una persona menor de 18 años, la utilice o la obligue a participar directa o indirectamente en hostilidades o acciones armadas podrá recibir una condena de 480 a 600 meses de prisión, equivalentes a entre 40 y 50 años.
Además, podrá ser sancionado con una multa de entre 2.666 y 7.500 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta conducta corresponde específicamente al delito de reclutamiento ilícito cometido con ocasión y en desarrollo del conflicto armado.
La norma también elevó las penas para quienes induzcan, faciliten, promuevan, obliguen o instrumentalicen a menores de edad para cometer delitos. En estos casos, la condena será de 18 a 30 años de cárcel.
El consentimiento del niño, niña o adolescente no elimina la responsabilidad penal de quien lo utiliza. La pena podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad cuando la víctima tenga menos de 14 años o cuando sea vinculada con grupos armados o estructuras criminales.
La Ley 2590 fue expedida el 6 de julio de 2026 y publicada en el Diario Oficial el 9 de julio. Además del aumento de las penas, contiene medidas dirigidas a prevenir el reclutamiento y atender a los menores que logren desvincularse de organizaciones armadas.
Observatorio, alertas y control en redes sociales
El Gobierno tendrá un año para reglamentar un Plan Nacional de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. Este deberá incluir acciones en las familias, las escuelas, las comunidades y los entornos digitales.
Cuando la Defensoría del Pueblo identifique un territorio con riesgo de reclutamiento, las entidades que integran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento —Ciprunna— deberán priorizar allí sus programas. También deberán focalizarse las estrategias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las acciones educativas previstas en la norma.
La ley contempla además la creación de un Observatorio Nacional de Reclutamiento, un Equipo Nacional de Acción Inmediata y una línea exclusiva para denunciar reclutadores, lugares de operación y posibles casos.
El Gobierno, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría también deberán elaborar un protocolo con redes sociales y plataformas digitales para detectar, reportar, bloquear o eliminar cuentas y contenidos utilizados para atraer o reclutar menores.
La Defensoría pidió que estas medidas sean reglamentadas y financiadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumirá el 7 de agosto. Entre las tareas pendientes están poner en marcha el observatorio, actualizar la política pública, activar el equipo de respuesta inmediata y fortalecer escuelas ubicadas en municipios de alto riesgo.
Durante 2025, la entidad registró 257 casos de reclutamiento, aunque advirtió que existe un alto subregistro por el temor de las familias y el control territorial de los grupos armados. El Estado Mayor Central fue señalado como presunto responsable del 47,1 % de los casos conocidos, seguido por otras disidencias, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia.
La aplicación de la ley dependerá ahora de la expedición de los decretos, protocolos y planes previstos durante el año siguiente a su entrada en vigencia.
