La orden del Tribunal Superior de Bogotá que dejó en libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez desató una cascada de reacciones políticas y mediáticas. Mientras sus seguidores celebraron la decisión como un acto de justicia, sectores de oposición la consideraron un mensaje de impunidad y recordaron que el proceso judicial sigue en curso.
El expresidente Iván Duque afirmó que la defensa en libertad “no aguantaba controversia alguna” y que Uribe ha enfrentado el proceso con rigor y contundencia. En la misma línea, la senadora María Fernanda Cabal sostuvo que la decisión reivindica la presunción de inocencia y el debido proceso.
Por su parte, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila aseguró que el expresidente tiene derecho a defenderse en libertad y sugirió que su detención pudo haber sido utilizada para silenciarlo en plena campaña.
Desde la otra orilla, la presidenta del Congreso, María José Pizarro, advirtió: “No confundan libertad con absolución. Álvaro Uribe sigue condenado por graves delitos”. El senador Iván Cepeda expresó que respeta la decisión pero no la comparte, insistiendo en que el expresidente ha ejercido presiones sobre la justicia.
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El excandidato presidencial Camilo Romero cuestionó lo que considera un doble rasero judicial: “A Uribe le dan libertad, mientras Epa Colombia sigue en la cárcel sin poder estar con su hija. La justicia debe ser para todos, no solo para los de ruana”.
Aunque el Tribunal aclaró que el fallo no implica el cierre del proceso y que la condena de primera instancia sigue pendiente de apelación, la decisión reavivó la polarización. Para el uribismo, confirma que hubo excesos judiciales; para la oposición, evidencia desigualdad en la aplicación de la ley.
