Catalina Giraldo Silva, psicóloga colombiana de 30 años, murió el pasado 9 de julio tras acceder a la eutanasia en una clínica de Bogotá. Su historia se hizo pública por la lucha médica y jurídica que emprendió para acceder a la asistencia médica al suicidio, debido al sufrimiento persistente que experimentaba a causa de varios trastornos de salud mental.
Horas antes de someterse al procedimiento, Catalina concedió una entrevista a Noticias Caracol en la que expresó el alivio que sentía al saber que su sufrimiento no se prolongaría indefinidamente.
“Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente”, afirmó.
Durante la conversación también admitió que tomar la decisión no fue fácil, pues durante varios meses se resistió a solicitar nuevamente la eutanasia al considerar que podía estar abandonando la lucha que había emprendido.
“Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha, que no estaba siendo fiel a mis principios”, explicó.
Las diferencias entre ambos procedimientos
Es preciso recordar que Catalina había solicitado inicialmente la asistencia médica al suicidio y no la eutanasia. Los dos procedimientos se diferencian principalmente en quién administra los medicamentos.
En la asistencia médica al suicidio, un profesional de la salud prescribe o suministra los medicamentos, pero es el paciente quien los administra de manera autónoma. En la eutanasia, en cambio, es el médico quien aplica directamente las sustancias que producen la muerte.
La asistencia médica al suicidio fue despenalizada en Colombia en 2022. Sin embargo, la falta de una reglamentación clara sobre su aplicación se convirtió en una de las principales barreras que Catalina enfrentó durante su proceso.
Una década de tratamientos médicos
Durante cerca de diez años, Giraldo recibió atención por un trastorno depresivo mayor severo y persistente, un trastorno límite de la personalidad y un trastorno de ansiedad no especificado.
De acuerdo con DescLAB, organización que acompañó su proceso, Catalina se sometió a cerca de 40 esquemas farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, tratamiento con ketamina y varias hospitalizaciones psiquiátricas, sin alcanzar una mejoría sostenida.
Su caso reabrió la discusión sobre el derecho a morir dignamente, especialmente cuando el sufrimiento tiene un origen psicológico. También evidenció los vacíos que persisten entre los derechos reconocidos por las decisiones judiciales y las posibilidades reales de ejercerlos dentro del sistema de salud.
