En horas de la mañana de este miércoles 25 de enero, la Fiscalía General de la Nación anunció que imputaron a dos policías en retiro por su presunta implicación en la muerte del joven Daniel Alejandro Zapata durante las protestas del Paro Nacional de 2021 en Bogotá.
Los dos uniformados responden a los nombres de Jorge Enrique Bombita Uriana y Abberson de Jesús Acosta Salas, quienes habrían sido los presuntos responsables del homicidio cuando trabajaban en el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de mayo de 2021 en el suroccidente de la capital, cuando los policías intentaron dispersar a los manifestantes de manera irregular e indebida, lo que le habría caudado la muerte al joven Zapata.
Según el material probatorio entregado por la Fiscalía, el patruller Acosta Salas disparó un ‘true fly’, también llamado lanzagranadas, incumpliendo con los protocolos establecidos para su uso, ya que debía accionar de manera parabólica y lo hizo de forma lineal apuntando directamente a la cabeza del manifestante.
Tras el impacto de dicho artefacto el joven fue conducido a Eusalud Clínica Mandalay, donde permaneció por un tiempo en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Por la complicación de la herida, estuvo en coma inducido y 10 días después de lo ocurrido se confirmó su muerte.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le ofreció las condolencias a la familia del joven fallecido y afirmó que hasta este lunes conocieron el caso, puesto que, el hospital no habría informado de la entrada del joven el pasado primero de mayo.
"No teníamos el registro ni que Daniel Alejandro siquiera hubiera entrado por una lesión. No aparece en ningún registro, ni lo reportó el hospital, no llegó por ambulancia, ni se nos dijo que era una de las víctimas por las manifestaciones cuando se pidió la UCI el 5 de mayo", dijo la mandataria local.
Por su parte, el entones intendente Bombita Uriana habría dado la orden de accionar el arma contra los manifestantes. La Fiscalía catalogó esto como que el policía "habría desatendido su posición de garante de la población civil". Los dos uniformados fueron imputados en calidad de coautores.
