La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de 10 funcionarios del Inpec investigados por las presuntas irregularidades que permitieron una fiesta con música vallenata dentro de la cárcel La Paz, en Itagüí, Antioquia.
La medida estará vigente hasta octubre de 2026, mientras continúa el proceso disciplinario para determinar las responsabilidades por el ingreso de Nelson Velásquez y su agrupación al establecimiento penitenciario el pasado 8 de abril.
La Procuraduría advierte que persisten los riesgos
El Ministerio Público explicó que las circunstancias que motivaron la suspensión inicial no han desaparecido. Según la entidad, el eventual regreso de los servidores a sus cargos podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o generar interferencias en la recopilación de pruebas.
La decisión cobija a cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe. La nueva suspensión comenzó a regir el 17 de julio y fue considerada por la Procuraduría como una medida necesaria para proteger el desarrollo de la investigación.
Los funcionarios son investigados por una posible omisión de los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes de la agrupación musical. El expediente también analiza un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en la elaboración de un informe oficial sobre lo sucedido.
La prórroga es una medida cautelar y no corresponde todavía a una decisión definitiva sobre la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
El proceso se amplió después de la fiesta
La investigación comenzó después de que se conocieran videos del concierto realizado en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Paz. El Inpec sostuvo inicialmente que la presentación no había sido autorizada y ordenó el relevo del director del establecimiento, además de iniciar actuaciones contra funcionarios que estaban de turno.
El 14 de abril, la Procuraduría asumió directamente el proceso mediante su poder preferente, debido al impacto nacional del caso. Tres días después declaró la nulidad de las primeras actuaciones por problemas relacionados con el debido proceso, reabrió la investigación y amplió a 12 el número de funcionarios vinculados en ese momento.
Posteriormente, el ente de control abrió una actuación contra el director titular del penal, Édgar Iván Pérez Ortega, por presuntas irregularidades en la asignación de turnos de descanso durante la Semana Santa. Con esa decisión, las investigaciones relacionadas con los hechos llegaron a involucrar a 13 servidores públicos.
La determinación conocida este 18 de julio se refiere específicamente a los 10 funcionarios cuya suspensión fue prorrogada. Durante los próximos tres meses, la Procuraduría continuará recaudando pruebas y evaluando si las conductas investigadas constituyen faltas disciplinarias.
