El tráfico de fauna silvestre continúa representando una grave amenaza para la biodiversidad colombiana. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza reveló que, entre 2021 y 2024, 164.929 animales fueron registrados como afectados por esta práctica en el país.
La cifra fue obtenida a partir de información recopilada de 34 corporaciones autónomas regionales y hace parte de un especial digital y un tablero dinámico desarrollado por la entidad para analizar la magnitud del fenómeno.
Sin embargo, la propia Defensoría aclaró que esta cantidad no representa la totalidad de los animales víctimas del tráfico de fauna en Colombia, debido a las diferencias existentes en la disponibilidad, calidad y estandarización de los registros de las autoridades ambientales.
Reptiles, los principales afectados
Los reptiles concentran la mayor parte de los casos documentados. De acuerdo con el informe, 121.070 ejemplares pertenecían a este grupo, seguidos por 18.094 aves y 10.926 mamíferos.
Entre las especies con más registros aparecen la iguana verde, con 76.375 individuos; la hicotea o tortuga de orejas naranjas, con 10.918; la tortuga de orejas rojas, con 10.177; la tortuga morrocoy o tortuga de patas rojas , con 4.897, y la babilla o caimán de anteojos , con 4.439.
Por territorios, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba concentraron los mayores reportes entre las autoridades ambientales que suministraron información.
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Más de 36.000 animales murieron
Uno de los datos que más preocupa tiene que ver con lo ocurrido con los animales después de ingresar a la atención institucional.
De los 164.929 ejemplares registrados, 39.697 fueron liberados, mientras que 40.162 quedaron bajo manejo de Centros de Atención y Valoración (CAV) o Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
Otros 36.580 animales fallecieron y, en 41.723 casos, no existe información sobre cuál fue su destino final.
Para la Defensoría, estas cifras ponen en evidencia problemas en la trazabilidad de los animales y diferencias en los sistemas y criterios utilizados por las autoridades ambientales para reportar los casos. También existen capacidades distintas entre las entidades para atender a los ejemplares afectados.
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¿Cómo se obtuvo la información?
La investigación consolidó registros relacionados con incautaciones, decomisos, aprehensiones y entregas voluntarias. A partir de estos datos fue posible identificar patrones territoriales, especies afectadas, posibles causas del tráfico, estrategias de prevención e infraestructura disponible para la atención de los animales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que conocer qué especies resultan afectadas, dónde ocurre el fenómeno y qué sucede con los animales después de ser recibidos por las autoridades permite identificar en qué puntos debe fortalecerse la respuesta institucional: “La naturaleza no puede ser entendida únicamente como un recurso de las personas. Tiene un valor propio y merece ser protegida”, afirmó Marín Ortiz.
Defensoría pide fortalecer el sistema de información
La entidad recordó que la Ley 2153 de 2021 ordenó la creación de un sistema de información destinado a controlar, prevenir y evitar el tráfico de fauna silvestre.
Según la Defensoría, su implementación permitiría contar con registros oficiales, estandarizados y actualizados, mejorar la coordinación entre las entidades y facilitar la toma de decisiones frente a este delito ambiental.
El organismo insistió en que fortalecer los mecanismos de información es fundamental no solo para reaccionar ante los casos de tráfico de especies, sino también para anticiparse al fenómeno y mejorar las acciones de prevención.
