Vuelve y juega. El gobierno nacional tramita por sexta vez y con mensaje de urgencia la ley que modifica los derechos de autor, más conocida como Ley Lleras, pues su impulsor inicial es el hoy candidato a la Presidencia, Germán Vargas Lleras.
Tanto en aquella ocasión como en esta, la ley se expide por exigencia del TLC que celebró Colombia con Estados Unidos, acuerdo comercial que hasta el momento solo ha traído números rojos para nuestro país, derivado de la importación masiva de alimentos, la desindustrialización y la quiebra de varios sectores de nuestra economía, desaparecidos ante las poderosas trasnacionales que arrasan las pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas. El pasado 14 de febrero, el gobierno norteamericano dio un nuevo ultimátum para aprobar esta ley, al llamar al orden al Gobierno de Santos, advirtiendo que solo votaría positivo el acceso de Colombia a la OCDE, conocido como el club de países ricos, si cumplía tres requisitos: i) eliminar control de precisos de medicamentos, ii) eliminar el sistema de chatarrización de camiones, golpeando a los pequeños y medianos camioneros, y iii) aprobar la desafortunada Ley Lleras. ¿La respuesta del Gobierno frente a tales chantajes inconvenientes para el país? Yes, Sir. Como siempre, inflexibilidad y dureza con los colombianos y la rodilla en el suelo frente a los mandatos yanquis. Y han intentado cumplir la orden por encima de lo que sea. Tanto, que la ley nuevamente está viciada de ilegalidad, pues la misma se hundió en segundo debate en plenaria del Senado, con 18 votos por el Sí y 40 por el NO, con lo que no podría volver a presentarse en esta legislatura. Sin embargo, de manera milagrosa, el secretario del Senado resucitó el proyecto, lo trajo del más allá, lo que permitió su retiro y nueva presentación, y hoy está ad portas de ser aprobado. Al margen del ilegal procedimiento, ¿por qué es inconveniente la Ley Lleras 6.0? Como es una prolongación del TLC, la ley se fundamenta en el concepto de Copyright. Ya el dueño de los derechos patrimoniales no es el autor o creador como en el derecho francés, sino las poderosas comercializadoras, quienes son las que explotan económicamente el patrimonio intelectual de la humanidad. La norma, en desarrollo del TLC, aumenta la protección de los derechos de autor para personas jurídicas de 50 a ¡70 años! y tiene efectos retroactivos, con lo que se beneficia, no a los creadores, investigadores y artistas, sino a las gigantescas disqueras, grupos editoriales y productoras audiovisuales, consolidando así un fuerte monopolio sobre elementos esenciales para el desarrollo de la sociedad. ¿Quién es el dueño del conocimiento? ¿A quién le pertenece la cultura? Si bien es importante proteger los derechos de los creadores para estimular su trabajo, tal protección no puede ser tan excesiva que termine sacrificando derechos colectivos esenciales como el acceso a la información, el conocimiento, la educación y la cultura, como sucede con la Ley Lleras. Nuestros investigadores, creadores y artistas que quieran acceder o inspirarse en obras producidas por el intelecto humano deberán esperar 70 años a que dichas obras sean de dominio público, o pagar el precio que unilateralmente fijen los comercializadores para poder utilizarlas, situación que será excepcional si se tiene en cuenta el precario presupuesto para cultura, ciencia e investigación que tiene Colombia y la escasa industria nacional que podría invertir en estos proyectos. Entonces, la Ley Lleras 6.0 genera serias barreras que restringen la creación y el desarrollo de la investigación científica y académica, como también la producción cultural y artística y la información, lo que conducirá a Colombia a profundizar su rezago en estos asuntos, con los serios impactos que ello genera en materia de competitividad y desarrollo económico. En otras palabras, nos dejan entrar al club de los países ricos, pero solo si nos comprometemos a permanecer subdesarrollados. Nos dejan entrar al club de los ricos, solo si aceptamos seguir en la pobreza. Además, la Ley Lleras 6.0 mantiene el enfoque de persecución penal frente a cualquier infracción a los derechos de autor, desconociendo el estándar internacional y el carácter de último recurso de las sanciones penales. A punta del miedo a la cárcel, de penas desproporcionadas –incluso más altas que el abuso sexual– y de arrojarles la Fiscalía a los creadores, como sucedió con el caso del biólogo Diego Gómez, se va a limitar la investigación y el desarrollo científico y cultural y la difusión de información. Colombia debería incorporar un régimen flexible de derechos de autor, que proteja a los creadores pero que a su vez permita los usos justos y honestos de obras y creaciones, es decir, aquellos que no tengan finalidad comercial, a partir de la incorporación de una cláusula tipo "fair use", como la que tiene el propio Estados Unidos, o cláusulas similares como sucede en Australia y Canadá, en lugar de chaparse a la antigua con listados cerrados que desconocen los vertiginosos avances de la realidad y dejan por fuera usos razonables y equilibrados. Los colombianos tenemos grandes talentos, inteligencia y creatividad, pero si queremos salir del atraso en todos los ámbitos, debemos proteger unos supuestos esenciales, como el acceso a la información, la educación, el conocimiento y la cultura como lo ha señalado la Unión Nacional de Artistas -UNA-. Sin tales prestaciones, que no deben responder a lógicas mercantiles, quedaremos excluidos de la producción del conocimiento y la cultura global, y perderemos derechos elementales que han sido la base para el desarrollo de los pueblos. Por eso, debemos rechazar la Ley Lleras 6.0, y todas las que tengan la misma finalidad. Andrés Pachón | @AndresPachonTor
