La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se refirió a las objeciones que hizo Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, y a las declaraciones que hicieron los partidos políticos de oposición sobre este tema.
Desde la ciudad de Nueva York, Marta Lucía siguió mostrando su apoyo a los seis artículos que decidió objetar el presidente a la Ley Estatutaria de la JEP pues afirma que "hacen parte de las facultades constitucionales del Presidente de la República y de su obligación política de buscar correctivos". Además, resaltó que esta decisión del Gobierno "no busca, ni tienen el efecto de bloquear la Ley Estatutaria. Las objeciones parciales son, como su nombre lo indica", expresó.
Por otro lado, se refirió a la réplica del discurso presidencial que hizo la oposición el pasado martes, en el cual la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, aseguró que las dudas del mandatario ya habían sido resueltas por la Corte Constitucional en la revisión que realizó para la aprobación del texto y que objetarla genera un "choque de trenes" y esto ponía en riesgo el Acuerdo de Paz firmado.
"No es correcto hacer referencia a un supuesto 'choque de trenes', o mucho menos 'desacato'. Es importante tener en cuenta que, como ha manifestado la Corte Constitucional. Las objeciones por inconveniencia se constituyen en un mecanismo de control político legítimo que ejerce el presidente respecto del legislador", contestó la vicepresidenta de Colombia.
También se refirió a la sentencia C-036 de 1998 y la sentencia C-055 de 1995 del artículo 200 de la Ley 5 de 1992, en el que se analiza el archivo parcial de los proyectos objetados, pero esto podría concluir en que se archive todo el proyecto y declaró: "Esa hermenéutica es irrazonable, pues afecta desproporcionadamente la formación de la voluntad democrática. Así, ese razonamiento implicaría que si el Gobierno objeta treinta artículos de una extensa ley, y las Cámaras insisten sobre 28 de ellos, pero discrepan sobre las dos objeciones restantes, entonces habría que archivar la totalidad del proyecto, lo cual es inaceptable, pues existe una clara voluntad democrática de las cámaras de aprobar todo el texto, con excepción de dos artículos".
Al mismo tiempo resaltó que esta es "una oportunidad para que en el Congreso de la República se construyan necesarios consensos en torno a esta materia, los cuales en gran medida quedaron pendientes desde el año 2016 y que, contrario a lo afirmado por algunos sectores, no ha resuelto de forma adecuada la sociedad colombiana".
