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“Deje de confundir”: Viviane Morales le responde a Petro por financiación de universidades públicas

Viviane Morales, ministra de Educación designada, respondió a Petro por el financiamiento de universidades públicas y defendió la reglamentación de la Ley 30.
Créditos:
Registraduría Nacional & Prensa de la presidencia

La ministra de Educación designada, Viviane Morales, respondió al presidente Gustavo Petro por el financiamiento de las universidades públicas. El cruce se dio por la reglamentación de la ley que modificó el modelo de recursos para la educación superior estatal.

Morales respondió a Petro por la financiación universitaria

La discusión por la financiación de las universidades públicas escaló entre el presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Viviane Morales.

El cruce comenzó después de que Morales hablara sobre la necesidad de reglamentar la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, norma que define parte del esquema de financiación de la educación superior pública en Colombia.

En una entrevista con Noticias Caracol, Morales afirmó que existe una asfixia financiera en las universidades públicas y que el próximo Gobierno deberá entrar a reglamentar el nuevo método de financiación con base en la ley aprobada por el Congreso.

Petro respondió en X y advirtió que esa lectura podía implicar un cambio frente al modelo impulsado durante su administración. Según el mandatario, la fórmula vigente permite ampliar la cobertura de la educación superior pública y sostiene cupos adicionales frente al gobierno anterior. 

 

La ministra designada rechazó esa interpretación y le respondió al presidente con un mensaje directo: “Deje de confundir”. Morales sostuvo que una cosa es la ley aprobada y otra su proceso de reglamentación, que debe precisar cómo se aplicará el nuevo esquema. 

 

La ley que está en el centro del debate

El punto de fondo es la Ley 2568 de 2026, que modificó parcialmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La norma cambió el modelo de financiación de las instituciones de educación superior estatales u oficiales.

Entre los cambios principales está que los aportes a las universidades públicas ya no se calculan solo con base en el IPC, sino que deben tener en cuenta el Índice de Costos de la Educación Superior, conocido como ICES, un indicador asociado a los costos propios del sector.

La ley también contempla recursos adicionales para acceso, permanencia, graduación, cierre de brechas territoriales y fortalecimiento de la calidad. Sin embargo, varios de esos criterios requieren una reglamentación posterior para definir su aplicación, asignación y seguimiento.

Por eso Morales insistió en que el nuevo Gobierno deberá avanzar en ese proceso. Además, señaló que el actual Ministerio de Educación ya había trabajado en un proyecto de decreto, argumento que usó para responder a las críticas del presidente.

Petro, por su parte, defendió la reforma como una de las medidas centrales de su política educativa. En su mensaje aseguró que cambiar el modelo podría afectar la expansión de la universidad pública gratuita y pidió a jóvenes y comunidades universitarias defender las reformas aprobadas durante su gobierno. 

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