La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por $14.511 millones en auditorías practicadas a ElectroHuila, la Electrificadora del Meta y Centrales Eléctricas de Nariño. Los casos están relacionados con multas, deficiencias en proyectos eléctricos y pagos por contratos que no cumplieron las condiciones pactadas.
Huila concentró el mayor monto
El valor más alto fue identificado en la Electrificadora del Huila, con hallazgos por $7.274 millones. De esa cifra, $6.089 millones corresponden al pago de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio por restricciones a la libre competencia en procesos de invitación pública desarrollados entre 2019 y 2023.
Según la Contraloría, la empresa cobró por el derecho a participar en esos procesos sin sustento legal o económico y restringió de manera injustificada la participación de consorcios y uniones temporales. ElectroHuila argumentó que efectuó el pago para evitar intereses de mora y un eventual proceso de cobro coactivo.
La auditoría también incluyó otro pago por $1.160 millones, realizado en enero de 2025, correspondiente a una sanción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por fallas en la calidad del servicio durante 2020 y 2021.
Sanciones y proyectos cuestionados en Meta y Nariño
En la Electrificadora del Meta, el organismo de control estableció hallazgos fiscales por $5.813 millones. Entre los principales casos figuran $2.926 millones asociados a incumplimientos y deficiencias técnicas y administrativas en proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional en Santa Helena y Catama.
La Contraloría también reportó el pago de $2.562 millones por una multa de la Superintendencia de Servicios Públicos. La auditoría señaló fallas en el seguimiento de las normas para la prestación del servicio y en la gestión necesaria para cancelar oportunamente las obligaciones de la empresa.
Para Centrales Eléctricas de Nariño, el monto total ascendió a $1.424 millones. Uno de los casos corresponde al pago de $566 millones en 2025, derivado de una sanción por facturar el consumo de más de 327.000 usuarios mediante un método no autorizado durante la pandemia. La multa inicial había sido fijada en $746 millones.
El ente de control también cuestionó el pago de $350 millones por un sistema destinado a identificar y caracterizar perfiles de consumo. De acuerdo con la auditoría, la empresa pagó el contrato, pero no recibió el producto en los términos acordados debido a deficiencias en la supervisión y la interventoría.
