La Dirección Nacional de Inteligencia negó cualquier vínculo con el presunto plan de atentado denunciado por Abelardo De la Espriella. La entidad le pidió al candidato presidencial entregar pruebas ante la Fiscalía General de la Nación por la gravedad de sus señalamientos.
DNI niega acusación de De la Espriella
La Dirección Nacional de Inteligencia respondió a la denuncia pública de Abelardo De la Espriella, quien afirmó haber recibido información sobre un supuesto plan para asesinarlo mediante un francotirador. Según el candidato presidencial, el hecho involucraría a personal de la entidad.
En un comunicado, la DNI rechazó cualquier señalamiento que pretenda vincular a la institución o a sus servidores públicos con actividades delictivas. La entidad sostuvo que es un organismo civil de inteligencia estratégica, no armado, y que no cuenta con capacidad militar ni táctica.
El punto central de la respuesta fue la exigencia de pruebas. La DNI pidió a De la Espriella que, si cuenta con evidencias sobre el supuesto plan, las presente de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de una acusación que requiere investigación judicial.
Con esa respuesta, el caso dejó de ser solo una denuncia política difundida en redes sociales y pasó a un terreno institucional. La entidad no solo negó la acusación, sino que trasladó la responsabilidad al candidato: si hay información verificable, debe ser conocida por las autoridades competentes.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La controversia comenzó cuando De la Espriella publicó un video en el que afirmó que una fuente de inteligencia de “alto nivel” le había advertido sobre un presunto plan para atentar contra su vida. En su declaración, aseguró que no se trataba de un rumor y pidió protección para él y su familia.
El candidato también señaló que el supuesto atentado estaría relacionado con su actividad política y con lo que ha descrito como ataques en su contra durante la campaña. Sin embargo, hasta ahora no se conocen públicamente pruebas que respalden la participación de funcionarios de la DNI en el hecho denunciado.
Esa ausencia de evidencias públicas es clave para entender el fondo del caso. La denuncia apunta a un presunto riesgo contra la vida de un candidato presidencial, pero también compromete el nombre de una entidad estatal de inteligencia. Por eso, la respuesta de la DNI buscó separar la alerta de seguridad de la acusación institucional.
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La entidad también advirtió que se reserva el derecho de acudir a acciones legales para proteger su integridad institucional. En la práctica, eso deja dos caminos abiertos: que De la Espriella formalice su denuncia ante la Fiscalía o que la discusión continúe sin una verificación judicial conocida.
El caso ocurre en medio de una campaña presidencial marcada por tensiones entre sectores políticos y por el uso de redes sociales como escenario principal de denuncia y confrontación. En ese contexto, una acusación sobre un posible atentado tiene efectos inmediatos sobre la seguridad del candidato, pero también sobre la confianza en las instituciones señaladas.
