El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desestimado la solicitud de la defensa que cubre al presidente Gustavo Petro, donde se pedía anular la investigación formal en contra del mandatario, que se relaciona a una presunta violación de topes financieros establecidos en la campaña del 2022.
Con base en esta decisión, el proceso sigue en pie y se mantienen los cargos por la supuesta infracción a las normativas sobre la financiación de la campaña electoral que puso a Petro en la presidencia del país.
Sin embargo, en este ente rector, se ha notado cierta división ya que los magistrados Altus Baquero, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez se apartaron de la decisión, en lo que es una clara muestra de caminos diferentes dentro de la decisión que se tomó en el CNE.
Esta investigación representa un paso más en la controvertida investigación que se ha llevado a cabo en contra del jefe de Estado, quien ha aprovechado ocasiones anteriores para desestimar dichas acusaciones.
Esta decisión resulta similar a la que hubo en octubre del año 2024, que se usó para imputar cargos. De esta forma, el tribunal se mantuvo en la postura investigativa en contra del presidente y los demás responsables de su campaña.
Este resultado es importante porque destraba el proceso investigativo, que estaba en una pausa esperando a que el Tribunal Electoral definiera si la nulidad solicitada por la defensa era procedente, o no. Esto ha hecho que el CNE ajuste su cronograma y deba definir en un calendario apretado para las decisiones frente a este proceso.
¿Por qué investigan la campaña electoral de Gustavo Petro?
Dicha investigación fue abierta en por una presunta violación a los topes de financiación permitidos por la ley, en la cual los señalados fueron el mismo presidente Gustavo Petro, quien fungía como candidato, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, la tesorera, Lucy Aydée Mogollón y además se investigo a los partidos: Colombia humana y Unión Patriótica (UP).
Según dijo en primera instancia el CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta presidencial, aportes realizados por el sindicato de profesores, mejor conocido como FECODE, por una suma de 500 millones de pesos, además de otros aportes económicos que provenían del sindicato obrero por 379 millones de pesos y un préstamo realizado por el partido Polo Democrático Alternativo, también por 500 millones de pesos.
Además se indicó que tampoco se reportaron pagos a testigos electorales por 921 millones de pesos, propaganda electoral por 356 millones de pesos y los pagos al movimiento Colombia Humana configurados en otros 500 millones de pesos.
