El Juzgado 46 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ofrecer disculpas al pueblo colombiano y al campesinado, además de rectificar unas declaraciones sobre la manera de referirse a quienes trabajan en el campo.
La decisión fue emitida el 23 de septiembre, al resolver una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Miguel Ángel Grisales Suárez contra el Ministerio de Agricultura y el jefe de esa cartera.
¿Qué dijo el ministro de Agricultura?
El origen del proceso está en unas declaraciones realizadas por Dangond el pasado 8 de septiembre, durante la presentación del presupuesto del sector ante las comisiones económicas del Congreso.
En esa intervención, el ministro afirmó: “No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesino es despectivo”. También señaló que con el cambio se buscaba “elevarle el estatus” a quienes producen los alimentos del país.
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¿Qué determinó el juez?
El despacho concluyó que “campesino” y “pequeño empresario del campo” no son categorías equivalentes.
Según el fallo, la categoría de campesinado tiene una dimensión constitucional que comprende aspectos económicos, sociales, culturales, territoriales y políticos, mientras que la expresión “pequeño empresario del campo” está relacionada principalmente con una actividad económica.
Por esa razón, el juez tuteló los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y el reconocimiento de la identidad, en relación con la protección constitucional del campesinado.
El fallo también hizo una precisión sobre la expresión “campesino es despectivo”. El juzgado señaló que se trata de una valoración subjetiva protegida por la libertad de expresión, por lo que la orden de rectificación no se refiere específicamente a esa opinión, sino a la sustitución de la categoría constitucional de campesinado por una denominación económica.
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¿Qué debe hacer ahora Indalecio Dangond?
El ministro tiene 48 horas desde la notificación de la sentencia para ofrecer disculpas públicas y realizar la rectificación a través de los mismos canales institucionales utilizados para difundir su intervención.
La aclaración deberá señalar que campesino, campesina y campesinado son categorías constitucionales dignas, sujetos de derechos y de especial protección, y que no serán sustituidas de manera general en el lenguaje estatal.
La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia y puede ser impugnada ante un juez superior.
