La senadora Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal contra Juliana y Verónica Guerrero por una presunta estructura dedicada a gestionar contratos estatales a cambio de pagos. El escrito también solicita investigar a particulares, empresarios y funcionarios que puedan estar involucrados.
Los delitos que pide investigar
La denuncia, presentada ante la fiscal general Luz Adriana Camargo, menciona posibles delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito, además de otras conductas que puedan establecerse durante la investigación.
El documento se basa en una publicación de la revista Semana del 25 de julio, que divulgó testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes bancarios sobre una supuesta red que ofrecía gestionar contratos en entidades del Gobierno Nacional.
Según el escrito, las hermanas Guerrero habrían ofrecido sus servicios a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, asegurando tener contactos con funcionarios de los ministerios del Interior y Vivienda, así como de otras entidades públicas.
La denuncia señala que presuntamente se cobraba un millón de pesos por reuniones iniciales, un anticipo cercano a $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión equivalente al 10 % del contrato que fuera adjudicado.
Las solicitudes a la Fiscalía
Pedraza pidió que se vincule a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, señalados como posibles participantes en el recaudo o distribución del dinero, y que se identifique a los empresarios que presuntamente entregaron recursos.
La senadora también solicitó requerir los soportes originales publicados por Semana, respetando la reserva de las fuentes periodísticas, y obtener información de las cuentas bancarias y depósitos asociados con las personas mencionadas.
Además, pidió consultar al Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Colombia Compra Eficiente, Fidugraria, Agencia Nacional de Tierras, Dapre y al extinto Ministerio de Igualdad sobre contratos, reuniones o comunicaciones relacionadas con las hermanas Guerrero.
El escrito solicita que la UIAF analice los movimientos financieros y que se evalúen medidas cautelares y posibles procesos de extinción de dominio. También plantea remitir copias a la Procuraduría y la Contraloría.
Ahora la Fiscalía deberá revisar los documentos aportados, definir qué pruebas ordenará y establecer si existen elementos para abrir investigaciones formales contra las personas mencionadas.
