Esta vez no fue un escándalo político, una denuncia de la oposición ni una filtración. Fue la justicia la que levantó un muro frente a uno de los movimientos presupuestales más grandes de los últimos tiempos.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que permitía trasladar cerca de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión va mucho más allá de un debate técnico, pues representa un contundente llamado de atención sobre los límites que tiene el poder para mover recursos públicos.
La cifra impresiona por sí sola. Cuatro billones de pesos equivalen al presupuesto anual de varios ministerios y habrían llegado a una entidad que todavía intenta recuperar la confianza perdida tras quedar en el centro del mayor escándalo de corrupción de los últimos años. Precisamente por ese antecedente, cualquier decisión que implique entregarle recursos extraordinarios exige el máximo nivel de control.
Las emergencias no eliminan los controles
El Gobierno argumentó que los recursos eran necesarios para atender la emergencia derivada del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el alto tribunal encontró, de manera preliminar, que el decreto habría excedido las facultades legales al permitir modificaciones presupuestales sin la intervención del Congreso.
Ese es el verdadero fondo del asunto. No se trata de discutir si el país necesita recursos para enfrentar los desastres naturales, sino de establecer quién puede mover semejantes sumas de dinero y bajo qué controles puede hacerlo. En una democracia, las emergencias no eliminan los contrapesos institucionales.
La decisión también envía un mensaje político. Después del saqueo que sufrió la UNGRD, el país ya no está dispuesto a aceptar que la urgencia sea sinónimo de discrecionalidad. Cada peso destinado a esa entidad deberá someterse a un escrutinio mucho más riguroso que antes.
Paradójicamente, la UNGRD vuelve a ser noticia, pero no por un contrato irregular, sino porque la justicia decidió poner el freno antes de que los recursos cambiaran de bolsillo institucional. La diferencia es enorme, pues en esta ocasión el control llegó antes que el daño.
Un debate que apenas comienza
Ahora vendrá el debate jurídico de fondo. El Consejo de Estado deberá decidir si el decreto se ajusta o no a la Constitución. Mientras eso ocurre, los $4 billones permanecerán congelados.
Quizá esa sea la noticia más importante. Después de tantos escándalos, las instituciones empiezan a demostrar que el control previo también puede funcionar. Cuando se trata del dinero de todos los colombianos, la rapidez nunca puede estar por encima de la legalidad.
