Cerca del 95 % de los prestadores de servicios de uno de los principales corredores turísticos del Caribe colombiano pagan extorsiones a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), un grupo armado que, según un informe divulgado este lunes, consolidó un sistema de control social y territorial sobre buena parte de esa zona vacacional.
El informe ‘Control total: Gobernanza criminal de las ACSN y estado actual del proceso de conversaciones’, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que este grupo armado, con presencia principalmente en el corredor caribeño entre Santa Marta, en Magdalena, y Palomino, en La: Gobernanza criminal de las ACSN y estado actual del proceso de conversaciones’**, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló que este grupo armado, con presencia principalmente en el corredor Guajira, se apoya en el arraigo territorial, las redes familiares y distintos mecanismos de regulación de la vida cotidiana, especialmente en zonas rurales donde la presencia del Estado es limitada.
En esos lugares, agregó la FIP, el grupo es percibido como el principal regulador del orden, pues impone normas de convivencia y castiga conductas consideradas contrarias a sus reglas mediante amenazas, trabajos forzados, desplazamientos e incluso homicidios.
La FIP aseguró que una de las principales fuentes de financiación del grupo es la extorsión. Según distintas fuentes consultadas para el informe, esta práctica les genera entre 6.000 y 7.000 millones de pesos mensuales, equivalentes a entre 1,8 y 2,1 millones de dólares.
Turismo bajo presión
El estudio destaca el impacto de esta práctica sobre el turismo, una de las principales actividades económicas de Santa Marta. Esta ciudad, considerada la octava de Colombia, aumentó en un 19 % la llegada de turistas en 2025.
En el corredor que conecta Santa Marta con el Parque Nacional Natural Tayrona, Buritaca y Palomino, las ACSN cobran extorsiones a cerca del 95 % de hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comerciantes, transportadores y otros prestadores de servicios.
“Por ejemplo, el sector hotelero debe entregar dinero por cada turista y también se ha llegado a cobrar ‘matrículas’ para la apertura de nuevos establecimientos comerciales”, apuntó el informe.
De acuerdo con el reporte, quienes se niegan a pagar pueden enfrentar amenazas, cierres forzados de negocios o asesinatos.
Narcotráfico y control territorial
Además de las extorsiones, la organización obtiene recursos del narcotráfico, aprovechando su control sobre corredores que conectan el interior del país con las costas de Magdalena y La Guajira, utilizadas para la salida de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
“Otra de sus rentas ha sido la comisión a la venta y tráfico del combustible ilegal, la comisión al tránsito de coca por sus áreas de influencia; la comisión por actividades de microtráfico y, sobre todo, a las rutas de narcotráfico de cocaína proveniente del sur de Bolívar, Magdalena Medio y el Catatumbo”, aclaró la FIP.
Pese a los acercamientos durante el Gobierno del presidente colombiano saliente, Gustavo Petro, las ACSN fortalecieron su control territorial mientras avanzaban los contactos con el Ejecutivo. El informe también señaló que el proceso de conversaciones quedó congelado, por lo que corresponderá al nuevo Gobierno definir si mantiene o no ese canal de diálogo.
El estudio indicó que las ACSN, consideradas desde agosto de 2025 como un Grupo Armado Organizado (GAO), cuentan con 594 integrantes. De ellos, 334 pertenecen al componente armado y 260 a redes de apoyo. Sin embargo, otras fuentes citadas por la FIP estiman que la organización podría tener entre 800 y 1.000 miembros.
