El Ministerio de Igualdad y Equidad nació en 2023 como una de las nuevas apuestas institucionales del Gobierno de Gustavo Petro. Su propósito era coordinar políticas y programas dirigidos a reducir desigualdades y atender a poblaciones históricamente excluidas.
Tres años después, la entidad está en proceso de liquidación. Mientras se desmonta su estructura, la Contraloría General de la República anunció una revisión de los recursos que recibió, los contratos que celebró y los pagos realizados entre 2023 y 2026.
La cifra que está en el centro de la revisión es de $2,78 billones. Pero hay una precisión clave: este monto no corresponde a una deuda del Ministerio, sino a los recursos asignados a la entidad durante ese periodo.
¿En qué se gastaban los recursos?
Una parte de los recursos se destinó al funcionamiento de la propia entidad y otra a programas y proyectos sociales.
Entre los gastos de funcionamiento aparecen contratos para arrendamientos, tiquetes aéreos, conectividad, servicios tecnológicos, aseo y cafetería, seguros, combustible y mantenimiento de vehículos.
También hubo contratación de personal por prestación de servicios. En 2025, por ejemplo, el Ministerio reportó 136 contratos de servicios profesionales y de apoyo administrativo.
- Le puede interesar: El último decreto de MinIgualdad: nuevo cobro para salir del país en avión
En 2024, la entidad reportó 36 procesos de contratación por cerca de $39.149 millones, entre contratación directa, mínima cuantía, órdenes de compra y selección abreviada.
Pero una parte importante de los recursos no se manejó únicamente desde la estructura administrativa del Ministerio.
¿Qué es FonIgualdad y por qué aparece en la investigación?
FonIgualdad es el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, creado para financiar y apoyar proyectos relacionados con los objetivos del Ministerio.
La Contraloría informó que el fondo recibió más de $930.000 millones de la Nación durante el periodo que será revisado.
Por eso, la actuación fiscal no se limita a revisar las cuentas de la sede del Ministerio. También incluye las transferencias realizadas al fondo, las instrucciones impartidas, los contratos, los giros y los documentos que respaldan esos movimientos.
¿Entonces MinIgualdad tiene una deuda de $2,78 billones?
No exactamente.
Los $2,78 billones corresponden a los recursos asignados al Ministerio entre 2023 y 2026, según la información entregada por la Contraloría.
La cifra no significa que el Ministerio deba actualmente $2,78 billones.
Durante una liquidación sí existe un inventario de pasivos, es decir, de las obligaciones que la entidad tiene pendientes. El Decreto 626 de 2026 ordena al liquidador elaborar ese inventario con las obligaciones laborales, contractuales, judiciales y demás compromisos que puedan existir.
- Le puede interesar: ¿Quién es John Milton Rodríguez, el pastor que liquidará el MinIgualdad?
Por eso, una de las tareas actuales consiste precisamente en separar los recursos que fueron asignados y ejecutados de las obligaciones que quedaron pendientes.
¿Qué pasó con los 24 programas sociales?
Los programas hacen parte de la estructura misional que desarrolló el Ministerio durante su funcionamiento.
La administración actual, a través del proceso de liquidación, anunció una revisión de los 24 programas para establecer su estado, los recursos comprometidos, los resultados alcanzados y las obligaciones pendientes.
El Ministerio anterior, por su parte, reportaba estos programas como parte de su estrategia para atender poblaciones históricamente excluidas.
La discusión actual está, por tanto, en determinar cuánto dinero fue destinado a cada iniciativa, qué se ejecutó, qué quedó pendiente y qué funciones deberán asumir otras entidades del Estado.
¿Por qué terminó liquidándose el Ministerio?
El origen de la liquidación no fue inicialmente una decisión administrativa sobre los programas, sino un problema jurídico relacionado con la ley que creó la entidad.
En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual se creó el Ministerio de Igualdad.
La Corte encontró vicios de procedimiento en la formación de la ley y señaló, entre otros aspectos, problemas relacionados con el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales del trámite legislativo.
Sin embargo, la Corte no ordenó que el Ministerio desapareciera inmediatamente.
La decisión tuvo efectos diferidos por dos legislaturas, contadas desde el 20 de julio de 2024. Ese plazo buscaba permitir que el Congreso y el Gobierno corrigieran los problemas de la norma o adoptaran las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las funciones y programas.
¿Qué ocurrió después del fallo?
Una vez terminó la legislatura 2025-2026 sin que se subsanaran los vicios señalados por la Corte, la Ley 2281 dejó de producir efectos.
Ante ese escenario, el Gobierno expidió el Decreto 626 de 2026, mediante el cual ordenó la liquidación del Ministerio y estableció un plazo inicial de un año para adelantar el proceso.
El decreto también estableció que las funciones del Ministerio serían trasladadas a otras entidades y que el liquidador tendría que encargarse de identificar activos, obligaciones, contratos, procesos judiciales, bienes y demás asuntos pendientes.
¿Qué está pasando ahora con la planta de personal?
El proceso de liquidación también implica desmontar la estructura administrativa.
De los 744 cargos que conformaban la planta heredada, el liquidador reportó hasta el 28 de septiembre la supresión de 407, más de la mitad de la planta.
Según el Gobierno, esta reducción permitirá un ahorro anual superior a $62.800 millones.
La administración también señaló que se mantienen las garantías laborales especiales para personas como madres gestantes y lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y trabajadores con fuero sindical.
