Una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional llegó hasta tres establecimientos penitenciarios de Barranquilla y Valledupar para buscar elementos que estarían relacionados con redes de extorsión coordinadas desde las cárceles.
Las diligencias se realizaron en los centros penitenciarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y La Tramacúa, en Valledupar. Durante los procedimientos fueron encontrados 20 teléfonos celulares, además de tarjetas SIM, cargadores, libretas y documentos con información personal de posibles víctimas.
Parte de estos elementos permanecía oculta en diferentes lugares de los establecimientos, entre ellos techos y baños. Ahora serán sometidos a análisis para establecer quiénes los utilizaban y si fueron empleados para coordinar actividades delictivas.
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Los celulares, bajo análisis de las autoridades
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos de los teléfonos encontrados son de especial interés para las investigaciones que se adelantan contra presuntos integrantes de la estructura criminal ‘Los Costeños’.
La Fiscalía busca determinar si desde estos dispositivos se realizaron llamadas, mensajes u otras comunicaciones relacionadas con casos de extorsión.
El análisis forense de los equipos también podría permitir identificar números telefónicos, contactos, posibles víctimas y otras personas que estarían vinculadas a las investigaciones.
La Fiscalía ya tiene investigaciones estratégicas sobre la modalidad de extorsión carcelaria. En su informe de rendición de cuentas señaló que dos fiscales adelantan investigaciones sobre esta problemática y que se han asociado casos en los que un mismo número telefónico aparece como dinamizador de extorsiones a nivel nacional.
Las autoridades buscan bloquear las comunicaciones
El operativo ocurre mientras el Gobierno analiza nuevas medidas para impedir que los teléfonos móviles sean utilizados desde las cárceles para coordinar delitos.
La estrategia contempla el trabajo conjunto de las autoridades penitenciarias, la Fuerza Pública y operadores de telecomunicaciones para fortalecer los mecanismos de control sobre las comunicaciones en los establecimientos.
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La investigación continúa y será el análisis de los equipos y documentos incautados el que permita establecer qué delitos pudieron haberse coordinado desde estos establecimientos y quiénes estarían detrás de esas comunicaciones.
